Plantea que plataformas digitales se responsabilicen por la seguridad de los usuarios y de los actos de sus empleados ante posibles faltas o delitos tipificados
Palacio Legislativo, 12-02-2021 (Notilegis).- La diputada Jacquelina Martínez Juárez (PAN) propuso que las empresas digitales estén obligadas a nombrar un ente jurídico (compliance) para responder así de manera institucional a requerimientos de la autoridad, ante los posibles actos de impunidad en las redes sociales mediante la difusión de pornografía infantil, comunicación de contenido sexual y delitos informáticos de los usuarios o de proveedores de servicios.
En un comunicado, informó que promueve una iniciativa en la que se adicionan las fracciones XVII, XVIII, XIX Y XX al apartado A del artículo 11 bis del Código Penal Federal, adiciona una fracción XXV y se recorre el artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La diputada propone modificaciones legales para que las plataformas digitales se responsabilicen de la seguridad de los usuarios y de los actos de sus empleados ante posibles faltas o delitos tipificados en el Código Penal Federal, a través de un medio de control conocido como debido cumplimiento o compliance porque actualmente los mencionados delitos no están considerados.
Señaló que uno de los grandes cambios conceptuales del derecho penal en nuestro país es que, si una persona moral o una empresa quebranta la ley, el Ministerio Público la puede investigar o imputar delitos y la iniciativa busca precisamente que se incluya el compliance específicamente a las compañías digitales.
Ante este vacío legal, la diputada Jacquelina Martínez propone además que el compliance de las plataformas digitales responda a la autoridad cuando se difunda contenido de índole sexual con menores de edad.
Además, le otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana atribuciones para realizar acciones de orientación, información e investigación necesarias para garantizar la seguridad y prevenir los delitos en aplicaciones y contenidos a CS través de la red de Internet, así como generar directrices para que las empresas de aplicaciones y contenidos en la red de Internet observen el debido control interno para evitar los delitos en términos de la ley.
Aseguró que México tiene que ponerse al día en los instrumentos internacionales contra los delitos informáticos cometidos a través de plataformas digitales, aplicaciones o redes sociales, como el Convenio sobre Ciberdelincuencia o Convenio de Budapest, elaborado por el Consejo de Europa con la participación de Canadá, Japón y China como Estados observadores, del cual lamentablemente nuestro país no es parte.
Resaltó que entre las formas de violencia digital se encuentran: el sexting sin consentimiento; “la sextorsión” (cuando se chantajea a un niño, niña o adolescente con la amenaza de publicar contenido audiovisual o información personal de carácter sexual que le involucra); violencia online en la pareja o expareja; ciberacoso o cyberbullying; online grooming (acoso y abuso sexual online); incitación a conductas dañinas; “sharenting”, la sobreexposición de menores en internet.
Esta propuesta trata de acabar con la impunidad y la proliferación de empresas fantasma, en donde los directivos se lavan las manos y salen libres sin ninguna responsabilidad por los actos cometidos en sus empresas, sus empleados o usuarios irresponsables.
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