Expertos advierten que cualquier regulación del uso de celulares en las escuelas mexicanas debe buscar un equilibrio entre la atención en las aulas, la seguridad digital y los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El debate sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas mexicanas ha entrado en una etapa decisiva. La discusión ya no gira únicamente alrededor de si los alumnos deben llevar o no un dispositivo al plantel, sino de cómo establecer reglas que protejan su bienestar sin convertir la tecnología en un problema por sí misma.
Especialistas reunidos en un diálogo organizado por la Universidad Iberoamericana coincidieron en que regular el uso de celulares puede ser una medida razonable, pero advirtieron que una prohibición general podría resultar insuficiente e incluso generar nuevos problemas si no contempla las necesidades particulares de los estudiantes.
Ricardo Ortega Soriano, especialista en derechos de la infancia, planteó que cualquier política debe respetar la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. La idea es importante porque un menor no deja de tener derechos por encontrarse dentro de una escuela; las restricciones deben estar justificadas, ser proporcionales y considerar su interés superior.
La preocupación oficial, mientras tanto, ha ido más allá del teléfono como objeto. La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que el Gobierno federal estudia regular su uso en las escuelas y, posteriormente, abordar de manera más amplia los efectos de las redes sociales y de determinados mecanismos digitales sobre la población infantil y adolescente.
El Gobierno federal informó en agosto que 16 estados ya cuentan con algún tipo de regulación sobre el uso de celulares en las escuelas. La Presidencia también inició una consulta con más de un millón de docentes de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria para conocer su opinión antes de avanzar hacia una regulación nacional.
La estrategia, de acuerdo con Sheinbaum, pretende evitar que la decisión sea simplemente una prohibición impuesta desde el Gobierno. La mandataria ha insistido en que deben participar docentes, madres y padres de familia, estudiantes y especialistas.
La Secretaría de Educación Pública también ha señalado que el problema debe analizarse más allá del salón de clases. El secretario Mario Delgado ha planteado que el debate debe considerar el impacto de las plataformas digitales y sus algoritmos sobre los hábitos y conductas de niñas, niños y adolescentes.
Y es que retirar un teléfono durante algunas horas no necesariamente resuelve el problema. Un estudiante puede permanecer sin dispositivo durante la jornada escolar y recuperar el acceso al llegar a casa, donde el tiempo de exposición puede prolongarse durante varias horas.
La propia presidenta ha utilizado ese argumento para insistir en la necesidad de una política más amplia. En julio, señaló que la regulación escolar tendría poco alcance si no va acompañada de una mayor conciencia entre las familias sobre el tiempo que los menores pasan frente a las pantallas.
La dimensión internacional también ayuda a poner el debate en perspectiva. La Unesco reportó en marzo de 2026 que 114 sistemas educativos, equivalentes al 58 por ciento de los países del mundo, contaban con una prohibición nacional del uso de teléfonos móviles en las escuelas. La organización relaciona la expansión de estas políticas con preocupaciones sobre distracciones en clase, ciberacoso y bienestar de los estudiantes.
Sin embargo, la misma experiencia internacional muestra que prohibir un dispositivo no equivale automáticamente a mejorar el bienestar de los alumnos. Las políticas tienen que estar acompañadas de criterios pedagógicos claros y de mecanismos para determinar cuándo la tecnología sí resulta útil para aprender.
Ese punto adquiere especial importancia para estudiantes con discapacidad. Los especialistas que participaron en el encuentro de la Iberoamericana señalaron que algunos alumnos pueden utilizar dispositivos tecnológicos como herramientas de comunicación, accesibilidad o apoyo para su desarrollo educativo.
Por ello, una regulación nacional tendría que establecer excepciones precisas. No es lo mismo utilizar un teléfono para distraerse durante una clase que emplearlo como apoyo para una necesidad médica, una condición de discapacidad, una emergencia o una actividad pedagógica autorizada.
El debate legislativo mexicano ya refleja algunas de estas preocupaciones. Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados propone restringir el uso de dispositivos electrónicos personales durante la jornada escolar, pero contempla excepciones cuando exista una finalidad educativa, razones de salud, necesidades de accesibilidad o requerimientos pedagógicos individuales.
Otro proyecto presentado en abril de 2026 plantea, además, regular las plataformas digitales y establecer mecanismos de verificación de edad, así como medidas para limitar determinados usos de los datos personales de adolescentes y reducir riesgos asociados con sistemas de recomendación algorítmica.
Eso revela que el problema es mucho más amplio que el teléfono celular. Las escuelas pueden establecer límites sobre el dispositivo, pero no controlan por completo lo que sucede en las redes sociales, los videojuegos, las aplicaciones de mensajería o las plataformas de video una vez que el estudiante abandona el plantel.
Por esa razón, la discusión comienza a desplazarse hacia las empresas tecnológicas. Los expertos plantearon que no sería suficiente trasladar toda la responsabilidad a las familias o a las escuelas cuando buena parte de las plataformas están diseñadas para mantener la atención del usuario durante periodos prolongados.
La Unesco ha defendido una posición similar desde el ámbito educativo: la tecnología puede enriquecer el aprendizaje cuando existe una finalidad pedagógica clara, pero su utilización debe estar subordinada a las necesidades de los estudiantes y no al revés.
También está el asunto de la comunicación. Para muchas familias, el celular representa una forma inmediata de saber dónde se encuentra un hijo o una hija. Una restricción escolar, por ello, debería contemplar canales institucionales confiables para atender emergencias y permitir la comunicación entre estudiantes y familiares cuando realmente sea necesario.
Las reglas, además, tendrían que ser conocidas de antemano. Los especialistas advirtieron sobre el riesgo de confiscaciones prolongadas, castigos desproporcionados o medidas disciplinarias que terminen perjudicando el derecho a la educación.
La experiencia demuestra que el reto no consiste simplemente en quitar teléfonos de las aulas. Se trata de enseñar a utilizarlos de manera responsable, establecer límites razonables y evitar que la vida escolar quede atrapada entre dos extremos: permitir un uso indiscriminado o imponer una prohibición que ignore las necesidades reales de los estudiantes.
México se encuentra precisamente en esa etapa. El Gobierno federal consulta a docentes y comunidades educativas mientras analiza una posible regulación nacional. La discusión tendrá que resolver una pregunta esencial: cómo proteger a niñas, niños y adolescentes de los riesgos de la tecnología sin negarles las herramientas que también pueden favorecer su aprendizaje, comunicación e inclusión.
La respuesta difícilmente estará en una sola regla. Como han señalado especialistas y organismos internacionales, el verdadero desafío consiste en construir una política educativa integral en la que participen escuelas, familias, estudiantes, autoridades y empresas tecnológicas. Solo así el celular podrá dejar de ser visto únicamente como una amenaza y convertirse, cuando corresponda, en una herramienta sometida a reglas claras y al servicio de la educación.
