La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un balance de 27 reformas constitucionales y 76 modificaciones legales que, según su gobierno, buscan devolver a la Constitución un sentido social, reforzar la soberanía y ampliar derechos.
CIUDAD DE MÉXICO.— La administración de Claudia Sheinbaum llega al segundo año de gobierno con un balance legislativo que pretende ser, más que una lista de modificaciones jurídicas, la expresión de un cambio de rumbo para el país. La presidenta sostuvo este miércoles que durante su gestión se han aprobado 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales orientadas a recuperar el sentido social de la Constitución y fortalecer la soberanía nacional.
La cifra fue presentada durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, detalló que las modificaciones se concentran en distintos frentes, desde la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos hasta seguridad, justicia, derechos sociales, trabajo, medio ambiente y protección de grupos históricamente vulnerables.
El dato central fue confirmado por distintos reportes publicados este miércoles por medios como N+ y El Economista, que recogieron la exposición de Alcalde. De acuerdo con esas informaciones, el balance oficial comprende 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales desde el inicio de la actual administración.
Para Sheinbaum, el alcance de estos cambios debe entenderse dentro de una transformación más amplia. La mandataria afirmó que la llamada Cuarta Transformación busca recuperar principios sociales que, a su juicio, fueron debilitados durante el periodo neoliberal.
Uno de los ejes más relevantes es la soberanía y la recuperación de la rectoría del Estado. En este apartado se encuentran modificaciones relacionadas con Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y los trenes de pasajeros, sectores que el gobierno considera estratégicos para el desarrollo nacional.
La defensa del maíz nativo y la prohibición del maíz transgénico también forman parte de este paquete. A ello se suma el reconocimiento del derecho humano al agua y medidas contra su acaparamiento. La Cámara de Senadores mantiene, además, un registro oficial de las reformas constitucionales aprobadas durante la actual Legislatura, entre ellas las relacionadas con empresas estratégicas, transporte ferroviario, maíces nativos y otros asuntos incluidos en el balance gubernamental.
En materia política, el gobierno coloca como otro de sus pilares la austeridad republicana y la modificación de las reglas electorales. Entre los cambios mencionados están las disposiciones contra el nepotismo y la reelección, así como mecanismos de participación ciudadana.
Uno de los cambios más trascendentes, y también de los que mayor debate han generado, corresponde al Poder Judicial. La reforma contempla la elección popular de ministros, magistrados y jueces, además de nuevas estructuras para la disciplina y evaluación de las personas juzgadoras. El Senado registra oficialmente la reforma judicial entre las modificaciones constitucionales aprobadas durante este periodo.
La seguridad constituye otro de los grandes bloques. Las reformas impulsadas por el gobierno contemplan herramientas para perseguir delitos como extorsión, tráfico de fentanilo, lavado de dinero, tráfico de armas y feminicidio. También se plantea fortalecer instituciones como la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública.
El combate a la desaparición de personas ocupa igualmente un espacio importante. El balance oficial plantea registros y bases de datos unificados, alertas inmediatas y una mayor participación de las familias en los procesos de búsqueda e investigación. Es un punto particularmente sensible, porque detrás de las estadísticas existen miles de historias que siguen esperando respuestas.
El bloque social busca convertir algunos programas y derechos en obligaciones constitucionales. En materia laboral aparecen la reducción gradual de la jornada de trabajo, la reducción de la brecha salarial, la protección de trabajadores de plataformas digitales y la llamada Ley Silla. También se incluyen modificaciones relacionadas con vivienda, con un papel reforzado para instituciones como el Infonavit y el Fovissste.
La agenda ambiental también fue incorporada al balance, junto con medidas de protección de los animales y disposiciones destinadas a facilitar la inversión y la digitalización de trámites. La intención, de acuerdo con el gobierno, es combinar una mayor presencia del Estado con infraestructura y mecanismos que permitan dinamizar la actividad económica.
Otro cambio de fondo se encuentra en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y pueblos indígenas y afromexicanos. La igualdad sustantiva, la protección frente a la violencia y las medidas para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio forman parte de las reformas destacadas.
En el caso de los pueblos indígenas y afromexicanos, el gobierno subraya que fueron reconocidos como sujetos de derecho público, con facultades relacionadas con el ejercicio directo de presupuesto y la consulta previa, libre e informada. La reforma constitucional en materia indígena fue publicada en septiembre de 2024 y figura entre los cambios registrados oficialmente por el Senado.
La dimensión de este paquete legislativo permite entender por qué el gobierno lo presenta como un cambio estructural. No se trata únicamente de modificar artículos aislados, sino de alterar reglas sobre la relación entre el Estado, la economía, los derechos sociales y las instituciones públicas.
Sin embargo, el balance también debe leerse desde otra perspectiva. La magnitud de las reformas no determina por sí misma sus resultados. El verdadero alcance de estos cambios dependerá de su aplicación, de la capacidad institucional para hacerlos efectivos y, en algunos casos, de la manera en que evolucionen los nuevos mecanismos constitucionales.
La propia información parlamentaria muestra que el proceso de transformación constitucional continúa avanzando y que varias de las reformas aprobadas durante 2024, 2025 y 2026 modificaron ámbitos sensibles de la vida pública. Entre ellas aparecen la reforma judicial, los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, la recuperación de los trenes de pasajeros, las empresas estratégicas, la jornada laboral, el feminicidio y nuevas reglas sobre intervención extranjera en elecciones.
Así, el segundo año de gobierno de Sheinbaum deja un escenario en el que la Constitución se ha convertido nuevamente en uno de los principales terrenos de disputa política. Para el Ejecutivo, se trata de recuperar soberanía y derechos sociales; para sus críticos, el debate estará en determinar si estos cambios fortalecen realmente las instituciones y los contrapesos democráticos.
Lo que queda claro es que el Gobierno de México apuesta por una transformación jurídica de largo alcance. Ahora comienza la parte más difícil: demostrar que las reformas aprobadas pueden traducirse en mejores servicios, mayor seguridad, derechos efectivos y condiciones más favorables para la población. Ahí estará, finalmente, la medida de su éxito.
