Al menos 306 personas murieron y cientos más resultaron heridas en Sudán durante las primeras tres semanas de octubre de 2026 debido a ataques con drones atribuidos tanto a las Fuerzas Armadas Sudanesas como a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Los bombardeos alcanzaron viviendas, mercados, hospitales y refugios para desplazados, lo que llevó al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, a exigir el cese de las hostilidades y mayores esfuerzos para frenar el suministro de armas.
Los ataques se extienden por varias regiones del país
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó ataques en distintas zonas de Sudán, entre ellas Kordofán, Darfur, Nilo Azul y Jartum. Además de afectar a la población civil, los bombardeos dañaron infraestructuras esenciales, como instalaciones eléctricas y fuentes de agua, agravando las condiciones de vida en comunidades que ya enfrentan una emergencia humanitaria.
Volker Türk expresó su preocupación por el aumento del uso de drones en el conflicto. Según sus declaraciones, estos ataques representan ya la mayoría de las muertes civiles relacionadas con los enfrentamientos durante 2026, una tendencia que evidencia el impacto creciente de esta tecnología en la población no combatiente.
La violencia también ha alcanzado lugares destinados a proteger a quienes abandonaron sus hogares para escapar de los combates. Los ataques contra estos espacios han provocado nuevas víctimas y obligado a más personas a desplazarse, en un contexto marcado por la falta de seguridad y el deterioro de los servicios básicos.
Los refugios para desplazados también están bajo ataque
Entre el 6 y el 10 de octubre, presuntos ataques con drones atribuidos a las fuerzas gubernamentales contra refugios para desplazados en Ghubeish y El Nuhud, en Kordofán Occidental, causaron la muerte de al menos 25 civiles. Entre las víctimas había mujeres y niños.
Otro episodio ocurrió el 9 de octubre, cuando un dron presuntamente operado por las RSF atacó a un grupo de desplazados que realizaba actividades de minería artesanal de oro cerca de un campamento en Abu Shendi, en la región de Nilo Azul. El ataque dejó al menos 31 personas muertas, en su mayoría mujeres y niños, según los datos difundidos por la ONU.
Estos hechos reflejan los riesgos que enfrentan las personas desplazadas incluso después de abandonar las zonas donde se desarrollan los combates. Los lugares que deberían ofrecerles protección continúan expuestos a la violencia.
Un ataque en Kordofán Occidental dejó al menos 139 muertos
Uno de los episodios más mortíferos se registró el 18 de octubre en Dibab, Kordofán Occidental, donde al menos 139 personas murieron cuando un camión de transporte fue alcanzado durante una serie de ataques repetidos, descritos como un ataque de doble impacto. La zona se encuentra bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido, de acuerdo con la información publicada por Naciones Unidas.
La sucesión de ataques contra personas y medios de transporte incrementa los riesgos para quienes intentan desplazarse o acceder a suministros esenciales. También dificulta la llegada de asistencia humanitaria a comunidades afectadas por los enfrentamientos.
Hospitales e infraestructura civil, entre los objetivos afectados
Las instalaciones sanitarias tampoco han quedado al margen de la violencia. El 11 de octubre, un ataque atribuido a las RSF contra el hospital de Um Darfa, en Nilo Azul, dejó gravemente heridos a dos trabajadores sanitarios y obligó a suspender las operaciones del establecimiento.
La pérdida de capacidad hospitalaria representa un problema adicional para una población que necesita atención médica en medio del conflicto. Los daños a las redes eléctricas y a las fuentes de agua también comprometen servicios fundamentales para la supervivencia de las comunidades.
Seif Magango, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, advirtió que los ataques han causado la muerte de decenas de civiles, incluidos desplazados internos, además de destruir infraestructuras esenciales y provocar nuevos movimientos de población.
La ONU reclama un alto el fuego y frenar el suministro de armas
Volker Türk instó a las partes enfrentadas y a sus aliados a respetar el derecho internacional humanitario, que establece obligaciones para proteger a la población civil y los bienes de carácter civil durante los conflictos armados.
El alto comisionado también pidió que los esfuerzos diplomáticos aborden el flujo continuo de armas hacia Sudán. Según señaló, es necesario presionar para detener las transferencias de armamento que termina utilizándose sin respetar las normas internacionales destinadas a proteger a los civiles.
Türk reiteró su llamado a ambas partes para que acepten un alto el fuego y participen en una solución negociada. La ONU considera que una salida política que coloque los derechos humanos en el centro y contemple mecanismos de rendición de cuentas constituye una vía indispensable para alcanzar una paz duradera.
Mientras continúan los ataques, la población sudanesa enfrenta una combinación de violencia, desplazamiento y deterioro de los servicios esenciales. La reducción de las hostilidades y la protección efectiva de los civiles siguen siendo desafíos urgentes para frenar el agravamiento de la crisis.
