MADRID, 4 ago (Reuters) – El Tribunal Superior de Londres ha dictaminado que dos inversores en plantas de energía solar españolas tienen derecho a embargar una propiedad española en Londres para ejecutar una sentencia de 120 millones de euros (131 millones de dólares) en una larga disputa sobre incentivos a las energías renovables.
La orden de embargo provisional del tribunal —lo que significa que aún no es definitiva y puede ser recurrida por el deudor— se dictaminó el miércoles, pero se hizo pública el viernes.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español no hizo comentarios de inmediato.
Los terrenos de propiedad estatal española en la exclusiva zona del oeste de Londres que pueden embargarlos inversores — Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar — albergan el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un colegio privado internacional ubicado en un antiguo convento dominico.
Nick Cherryman, uno de los abogados que representan a los inversores, declaró que la medida era “necesaria únicamente porque España, deudor recalcitrante, se niega a cumplir la sentencia dictada en su contra”.
Añadió que la orden autorizaba a sus clientes a vender el terreno, pero no la escuela, cuyas actividades cotidianas no se verán afectadas.
Los inversores llevaron a España a un arbitraje en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía hace casi 10 años por retirar las subvenciones a las energías renovables.
España, que depende en gran medida de fuentes de energía extranjeras, intentó a principios de la década de 2000 atraer a los inversores en energías renovables con un programa que combinaba subvenciones, exenciones fiscales y tarifas de alimentación fijas garantizadas.
Pero tras la crisis financiera de 2008, empezó a modificar el marco en el que las energías renovables podían recibir ayudas, lo que algunos inversores consideraron una violación de sus expectativas legítimas.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial concedió a Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar 101 millones de euros más intereses en 2018, y el laudo se registró posteriormente en el Tribunal Superior de Londres.
España intentó anular el laudo alegando inmunidad soberana, pero el Tribunal Superior desestimó la solicitud de Madrid en mayo.
