¿Sabías que en USA los ciudadanos tiene el derecho de declarse en quiebra en un caso de insolvencia económica con lo cual tiene la certeza jurídica para volver a empezar de nuevo?
Claro que para ejercer ese derecho americano, los ciudadanos deben cumplir con determinados requisitos y tiempo para que puedan declarse en quiebra, es decir, que no tienen para el pago de ningún crédito. Con lo cual, en caso de ser declarado en quiebra se abre la posibilidad de que puedan volver a empezar para salir adelante.
En nuestro país el derecho de QUIEBRA solo aplica a las personas morales, es decir, a las empresas o asociaciones con fines de lucro. La quiebra es la segunda etapa de un concurso mercantil donde se liquida con los bienes restantes los compromisos adquiridos por las empresas que ya no pueden pagar.
Los ciudadanos, es decir las personas físicas, no cuentan con ningún elemento ni procedimiento jurídico que les permita declararse en quiebra, en un caso de insolvencia económica. Por lo tanto, si en algún momento un padre de familia que goza de un empleo y por lo tanto tiene acceso a un buen crédito, si lo perdiera y se tuviera que ir hacia atrás en su ingreso económico, produce una situación de insolvencia que lo perseguirá toda la vida mientras no solvente al final el adeudo.
El conceder el derecho de quiebra a los ciudadanos podría permitirles usar recursos legales y financieros para que la condición precaria de la propia economía no sea un impedimento permanente y obstáculo para que pueda volver a salir adelante.
Se ha conocido que la senadora Angélica Araujo, junto con varios legisladores príistas Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Jesús Casillas Romero, Raúl Aarón Pozos Lanz, Ricardo Barroso Agramont y Roberto Armando Albores Gleason, han presentado una iniciativa para regular la insolvencia familiar, que no es más que conceder el derecho de quiebra y los procedimientos para subsanar esa sitaución económica.
El espíritu de la iniciativa de ley propuesta es establecer un procedimiento administrativo que permita a los usuarios de servicios financieros en situación de insolvencia, celebrar un acuerdo con las instituciones financieras y cumplir así con sus obligaciones de pago sin poner en riesgo su patrimonio.
En la realidad de los hechos al perder la capacidad de un ingreso, lo primera que se deja de pagar son las deudas. Esto pone en riesgo el patrimonio de una familia.
De aprobarse esta ley significaría un avance importante para fortalecer una mejor cultura financiera, un instrumento legal para darle certidumbre jurídica y económica a las familias mexicanas.
