Inicio Análisis político Enrique Vidales Ripoll ¿Es tarea del gobierno definir la regla moral?

¿Es tarea del gobierno definir la regla moral?

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Si hoy tenemos graves problemas sociales en nuestro país se debe en gran medida a una ausencia de valores.

Un valor es algo que tiene un aprecio por sí mismo. Existen tanto valores en los ámbitos personales, como en grupos sociales desde la familia, escuelas y comunidades enteras cuando se comparte un mismo sistema de apreciación hacia determinados elementos que se consideran deseables para la convivencia social.

En la apreciación por el respeto al valor de la propiedad y a la integridad física de las personas, las sociedades han instrumentado las normas que sancionan y castigan el robo, el homicidio, las lesiones, la invasión a la propiedad privada, entre algunos ejemplos.

Los valores son el fundamento de las normas, entendiendo éstas últimas como las reglas de carácter técnico que condicionan el comportamiento de las personas dentro de un contexto específico. De tal modo que, así como hay diversos tipos de valores en consecuencia hay diversos tipos de normas.

Una persona que es creyente de un Dios específico tendrá que seguir la pauta normativa que se le exija para mantener el contacto correcto con ese ser supremo. Lo mismo pasa en el fuero del espacio social, donde una serie de apreciaciones de conductas deseables marcan la forma de conducción del individuo dentro de la sociedad. Es lo que algunos llaman “la buena educación”.

Sobre el ámbito moral, es preciso establecer que como apreciación de lo que es bueno y es malo es un proceso de interiorización personal. Es parte de reconocer la existencia de una “conciencia interna” que nos va marcando la pauta de la conducta buena y desterrando lo que es la maldad.

¿Debe un gobierno dar una conducción moral a sus gobernados?

Un gobierno constitucional está ceñido a un principio fundamental para la consolidación del Estado de Derecho. En la construcción del pacto social entre quienes ostentan la autoridad y los gobernados existe una máxima que garantiza el buen funcionamiento del sistema político: mientras el ciudadano puede hacer lo que quiera siempre y cuando no esté prohibido por la ley, la autoridad no puede hacer algo que sea contrario a ella, es decir, su actuación se limita por el mismo contenido de la norma legal.

De tal manera que la tarea del gobierno es garantizar la aplicación de la ley en todos los casos que se requiere. El fortalecimiento de su conducta institucional y respetuoso de la ley marcará la pauta para que los individuos y la sociedad conduzcan la conducta en mejores términos para fomentar la paz y la armonía social.

En nuestro país ha reconocido, para la conformación del gobierno, la supremacía del orden constitucional y ha marcado una gran diferenciación con los otros sistemas normativos. El único sistema normativo para las acciones de gobierno y su capacidad coactivo de imposición e imperio de ley es el jurídico. Todo lo demás, tanto religioso, social y hasta moral pasa por el tamiz de la norma que nace y estructura el sistema jerárquico normativo mexicano.

Desde esta perspectiva mexicana, el fortalecimiento de todos los demás sistemas normativos se encuentra en la aplicación de la norma jurídica que queda en un rango superior para todas las demás.

Podrán algunos cuestionar, por ejemplo, el valor institucional de las religiones cuando conocen de los casos de pederastia y no existe dentro del ámbito religioso una sanción contra esta conducta criminal. Sin embargo, es mucho peor cuando la autoridad civil, dentro de la competencia de su función, tampoco hace nada contra esta conducta. El gobierno no puede ni debe dictar el contenido de la norma religiosa, pero si puede condenar y sancionar las conductas criminales, que aún con la justificación religiosa sean contrarias a lo que establece el orden legal que nace de la voluntad general y consenso de un pueblo.

Lo mismo sucede con las normas morales. La tarea del gobierno no es pautar la norma moral. La moral se verá reforzada en la medida que los gobiernos hagan cumplir el marco legal vigente y consensado por la sociedad en lo que es bueno para ella misma.

Si no existiese corrupción y mucho menos impunidad, el ciudadano sería mucho más consciente del valor de la ley y la aplicación de la justicia. La conducta entonces tendría un freno coactivo que marcaría por ende la pauta de lo que es bien o mal.

Es por ello de que se demanda no solo más educación en civismo, que es educación de los valores sociales y jurídicos que definen el valor de la participación ciudadana comprometida por la búsqueda del bienestar general, que implica el respeto a las leyes, a las otras personas y los valores de la sociedad. También es prioritario contar con un gobierno fuerte, que sepa castigar con legalidad y que la percepción social considere justa.

Ese es el mejor camino para fortalecer el Estado de Derecho y la máxima de legalidad se cumpla: que los ciudadanos circunscriban sus actos al cumplimiento de la ley.

Al final, en la expresión principal del párrafo antecedente se encuentra lo que debe ser la “moralidad del Estado”