Trabajadores “fantasmas” habrían trabajado como promotores electorales en el 2018
Una auditoría de la ASF, reveló que durante el 2018, el gobierno del estado de Yucatán, contrató a 863 trabajadores a los que les pagó 99 millones de pesos, y nunca los ubicó en sus centros de trabajo asignados. Ese año, 2018, se efectuaron las elecciones constitucionales para renovar Presidente de la República, Gobernador del estado, diputados federales, locales y Senadores, así como presidentes municipales.
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Como dato, la campaña del PRI para la alcaldía de Mérida, presentó una estructura de 3 mil promotores en toda la Ciudad y sus Comisarías, para impulsar las campañas político – electorales de sus candidatos. Esa estructura estaba enfocada a promover el voto en las colonias, barrios, fraccionamientos y comisarías. Cada uno de ellos recibió un pago que oscilaba entre los 2 mil a los 7 mil pesos según la categoría dentro de la estructura.
Los 99 millones de pesos erogados podrían formar parte de ese Plan Electoral para impulsar la estrategia electoral del partido en el poder con fines político – electorales.
Hasta el momento la auditoría realizada por la ASF (Auditoría Superior de la Federación) se encuentra sin solventar. La sospecha es grande toda vez que los trabajadores “fantasmas”, no han sido localizados.
El actual Gobernador Mauricio Vila Dosal, durante la campaña usó un discurso de combatir frontalmente la corrupción, para lo cual, en enero del año pasado su administración presentó denuncias legales contra funcionarios de la administración anterior por presuntos malos manejos y desvíos de recursos públicos, sin que hasta el momento se tengan resultados concretos.
