Una jueza federal de Estados Unidos determinó que las medidas adoptadas contra Anthropic fueron ilegales y ordenó frenar la designación de la empresa como riesgo para la cadena de suministro, en un fallo que abre un nuevo capítulo en la disputa sobre los límites del uso militar de la inteligencia artificial.
La justicia federal de Estados Unidos asestó un revés a la Administración de Donald Trump en su enfrentamiento con Anthropic, fabricante del sistema de inteligencia artificial Claude. La jueza Rita F. Lin concluyó que las medidas impulsadas por el Pentágono contra la compañía constituyeron una represalia ilegal por la posición pública de la empresa respecto al uso de su tecnología por parte del Ejército.
La resolución, de 59 páginas, anuló la designación de Anthropic como un supuesto “riesgo para la cadena de suministro” y prohibió a las agencias federales incluidas en la demanda aplicar la orden presidencial que les impedía utilizar las herramientas de la compañía. Reuters informó que la magistrada consideró que las acciones cuestionadas violaron la Primera Enmienda y que Anthropic no recibió el procedimiento previo que correspondía bajo la Quinta Enmienda.
La decisión también hace permanente la suspensión temporal de las sanciones que la propia jueza había establecido en marzo y tiene efecto inmediato. El Gobierno estadounidense, sin embargo, todavía puede recurrir el fallo, por lo que el conflicto judicial está lejos de haber terminado.
El origen de la disputa se remonta a febrero, cuando Anthropic se negó a aceptar determinadas condiciones para el uso militar de Claude. La empresa había planteado límites para evitar que sus modelos fueran utilizados en vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o para operar sistemas de armas letales completamente autónomos.
La postura provocó un fuerte enfrentamiento con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y posteriormente con el presidente Trump. El mandatario ordenó a las agencias federales dejar de utilizar los productos de Anthropic y llegó a describir públicamente a la compañía como una empresa “de izquierda radical” y “woke”. Hegseth, por su parte, calificó a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro de la seguridad nacional.
La jueza Lin cuestionó precisamente esa justificación. Según el fallo, citado por Reuters, la invocación de la seguridad nacional no puede utilizarse como una autorización ilimitada para castigar a quienes critican al Gobierno. El tribunal determinó además que la decisión del secretario de Defensa carecía de una base legal suficiente y resultaba arbitraria.
El caso tiene una relevancia que va más allá de Anthropic. La controversia plantea una pregunta cada vez más difícil de esquivar en Washington: hasta dónde puede llegar el Gobierno al contratar tecnología de inteligencia artificial cuando las empresas que la desarrollan establecen límites sobre sus posibles usos militares.
Anthropic había argumentado que sus restricciones respondían a preocupaciones de seguridad. La compañía sostiene que los sistemas actuales no son suficientemente fiables para emplearse de manera autónoma en determinadas aplicaciones militares y ha defendido límites específicos para la vigilancia doméstica.
El Pentágono sostuvo una posición distinta. De acuerdo con los documentos citados por medios estadounidenses, el Gobierno argumentó que las restricciones contractuales de Anthropic podían generar incertidumbre sobre el uso de Claude en operaciones militares y afectar sistemas considerados sensibles. La Administración negó que la designación estuviera motivada por las opiniones de la empresa sobre la seguridad de la inteligencia artificial.
El conflicto resulta especialmente significativo porque Claude ya había sido utilizado por el aparato de defensa estadounidense en sistemas clasificados y sensibles. De acuerdo con reportes publicados por The Wall Street Journal y Axios, citados en la información de AFP, la tecnología incluso habría sido utilizada durante una operación estadounidense realizada en enero relacionada con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.
La sentencia tampoco representa una victoria definitiva para Anthropic en todos los frentes. La compañía mantiene otro litigio en Washington relacionado con una segunda medida del Pentágono basada en las normas de contratación pública. En ese procedimiento, un juez había rechazado en abril suspender la sanción, por lo que esa disputa continúa abierta.
La resolución de Lin sí establece, no obstante, un precedente relevante sobre el uso de las facultades de seguridad nacional. The Guardian destacó que la designación contra Anthropic fue particularmente inusual porque la figura de “riesgo para la cadena de suministro” había sido utilizada anteriormente contra compañías extranjeras y en este caso se aplicó a una empresa estadounidense.
Anthropic recibió favorablemente el fallo y señaló que mantiene su disposición a trabajar con el Gobierno. La compañía busca, según su postura pública, que la inteligencia artificial pueda contribuir a la seguridad nacional bajo condiciones que considera responsables.
El episodio refleja así una tensión que apenas comienza a definirse. Estados Unidos quiere incorporar modelos avanzados de inteligencia artificial a sus capacidades militares, mientras algunas de las empresas que desarrollan esas tecnologías pretenden conservar límites sobre aplicaciones que consideran especialmente riesgosas. El choque entre ambas posiciones ya llegó a los tribunales y, por ahora, la justicia federal ha puesto un freno a la estrategia adoptada contra Anthropic.
