León XIV pidió la liberación inmediata de las personas secuestradas tras la masacre de Kenscoff y reclamó acciones concretas para proteger a una población atrapada entre las pandillas y la debilidad de las instituciones.
El papa León XIV lanzó este domingo un nuevo llamado internacional para detener la violencia que golpea a Haití y exigió la liberación “sin demora” de las personas que permanecen secuestradas tras la masacre ocurrida en Kenscoff, una localidad situada en las montañas al sureste de Puerto Príncipe.
Durante el rezo del Ángelus en Castel Gandolfo, el pontífice expresó su cercanía con las víctimas y sus familias y pidió a quienes tienen responsabilidad en la crisis que actúen de manera concreta para garantizar la seguridad de la población. Su mensaje llega cuando el país enfrenta una de las etapas más graves de violencia protagonizada por grupos armados.
“Dirijo un sincero llamamiento a todos los responsables para que realicen esfuerzos concretos para garantizar la seguridad de la población y poner fin a toda forma de violencia”, señaló León XIV, de acuerdo con información publicada por Vatican News.
El pronunciamiento papal se produjo apenas un día después de que se confirmara la liberación de 13 personas de un grupo de 60 secuestradas en Kenscoff. Según informó la Agencia EFE a partir de datos proporcionados por Unicef, entre los liberados había seis niños y siete mujeres, incluidos tres bebés menores de dos años y dos adolescentes.
El secuestro ocurrió después de una incursión de grupos armados que dejó al menos 47 personas muertas, según datos de Naciones Unidas recogidos por Reuters y Associated Press. La cifra convirtió el ataque en uno de los episodios más graves de violencia registrados recientemente en Haití.
La tragedia comenzó el 23 de agosto, cuando hombres armados atacaron Kenscoff y sus alrededores. Los agresores incendiaron viviendas y atacaron a personas que habían buscado refugio en una iglesia. Associated Press informó que entre las víctimas había cinco niños y que 22 personas fueron asesinadas dentro del templo.
La violencia está vinculada a la expansión de las pandillas fuera de las zonas donde tradicionalmente han ejercido mayor control. Kenscoff ocupa una posición estratégica en las montañas próximas a la capital y durante meses había sido considerada una zona relativamente más segura. Esa condición se ha deteriorado rápidamente.
Reuters señaló que la localidad había sufrido más de una docena de ataques mortales desde 2025. La población ha denunciado repetidamente la falta de protección y la limitada capacidad de las autoridades para contener el avance de los grupos armados.
El caso también pone de manifiesto la dimensión humanitaria de la crisis. Naciones Unidas calcula que más de 1,5 millones de haitianos han sido desplazados dentro del país como consecuencia de la violencia. Muchas familias han tenido que abandonar sus viviendas en varias ocasiones, buscando refugio en zonas que posteriormente también terminan amenazadas.
Las cifras generales ayudan a entender la gravedad del escenario. La Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití, BINUH, documentó al menos 1.408 personas asesinadas y otras 656 heridas entre abril y junio de 2026. El organismo precisó que las víctimas fueron afectadas por acciones de pandillas, grupos de autodefensa, particulares y operaciones de las fuerzas de seguridad.
El responsable de BINUH, Carlos Ruiz Massieu, advirtió que estas cifras representan un costo “inaceptable” para la población y reclamó que su protección permanezca en el centro de los esfuerzos para recuperar la seguridad. Naciones Unidas también ha insistido en la necesidad de combatir las redes que financian y abastecen a las organizaciones criminales.
La situación resulta todavía más preocupante porque la violencia de las pandillas ya no se limita a enfrentamientos entre grupos rivales. Los secuestros masivos, asesinatos, incendios de viviendas y ataques contra comunidades enteras se han convertido en herramientas para controlar territorios y desplazar a la población.
La coalición de pandillas Viv Ansanm ha sido señalada como responsable de varios de los episodios más violentos registrados en el país. El grupo mantiene una fuerte presencia en Puerto Príncipe y sus alrededores y ha extendido sus operaciones hacia zonas estratégicas para las rutas de acceso a la capital.
El Gobierno haitiano ha prometido reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad, pero enfrenta enormes limitaciones operativas. La Policía Nacional de Haití continúa siendo superada en numerosos puntos por organizaciones criminales que cuentan con armamento pesado, capacidad de movilización y control territorial.
En paralelo, la comunidad internacional prepara el despliegue de una nueva Fuerza de Supresión de Pandillas respaldada por Naciones Unidas. El objetivo es apoyar a las autoridades haitianas en la recuperación de zonas controladas por los grupos armados, aunque su despliegue completo todavía enfrenta dificultades logísticas y de financiamiento.
La urgencia aumenta por el calendario político. Haití tiene previstas elecciones generales para diciembre de 2026, después de varios aplazamientos derivados precisamente de la inseguridad y de la crisis institucional. Sin un mínimo de control territorial, garantizar la participación de los ciudadanos y la seguridad de los candidatos será una tarea extraordinariamente difícil.
En ese contexto, el mensaje de León XIV tiene un alcance que va más allá de la liberación de los rehenes de Kenscoff. El pontífice ha colocado nuevamente la tragedia haitiana ante la atención internacional y ha insistido en una cuestión elemental: la población no puede continuar pagando con sus vidas la ausencia de seguridad y la expansión de las organizaciones criminales.
La liberación de 13 rehenes representa un alivio para algunas familias, pero deja pendiente la situación de decenas de personas que todavía permanecen en cautiverio. Y es que, detrás de cada cifra, hay una familia que espera noticias y una comunidad que intenta sobrevivir mientras la violencia avanza.
Por ahora, la petición del papa coincide con la de Naciones Unidas y con la de numerosos sectores de la sociedad haitiana: recuperar la seguridad, terminar con la impunidad y proteger a los civiles. La dificultad está en convertir esos llamados en una capacidad efectiva del Estado para impedir que nuevas masacres vuelvan a repetirse.
