El Gobierno británico acusó a Israel de permitir el desplazamiento forzado de palestinos en Cisjordania y anunció restricciones al comercio con los asentamientos, una decisión que provocó una rápida represalia diplomática de Jerusalén.
La relación entre Reino Unido e Israel entró en una nueva etapa de tensión después de que Londres endureciera sus medidas contra los asentamientos israelíes en Cisjordania y utilizara el término “limpieza étnica” para describir el desplazamiento de población palestina en esa zona.
El ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, hizo la acusación el 8 de septiembre ante la Cámara de los Comunes. El funcionario sostuvo que existe una campaña de violencia y desplazamiento protagonizada por colonos y afirmó que el Gobierno israelí ha permitido que esa situación avance sin una respuesta suficiente.
La declaración no llegó sola. Londres anunció que prohibirá la importación de bienes procedentes de asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados y que impondrá sanciones contra empresas y personas vinculadas con actividades como construcción, infraestructura, financiamiento y operaciones inmobiliarias destinadas a ampliar esas colonias.
La decisión forma parte de una iniciativa internacional más amplia. Según una declaración conjunta difundida por el Gobierno británico, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, España y Suecia anunciaron que introducirán o estudiarán restricciones comerciales relacionadas con productos provenientes de asentamientos considerados ilegales bajo el derecho internacional.
El objetivo declarado por estos gobiernos es evitar que la expansión de los asentamientos termine haciendo inviable la creación de un Estado palestino. Londres también señaló su oposición al proyecto de asentamiento E1, cuya construcción, de acuerdo con el Gobierno británico, podría dividir territorialmente Cisjordania y separar esta zona de Jerusalén Este.
El conflicto diplomático tiene un trasfondo que va más allá del comercio. Para el Reino Unido y los países que respaldan estas medidas, la expansión de los asentamientos, la violencia de los colonos y el desplazamiento de comunidades palestinas están modificando sobre el terreno las posibilidades de alcanzar una solución de dos Estados.
Los datos de Naciones Unidas ayudan a explicar la preocupación. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en septiembre que las fuerzas israelíes desplazaron por la fuerza a las poblaciones completas de tres campamentos de refugiados en el norte de Cisjordania durante 2025 y que, posteriormente, se impidió el regreso de sus habitantes.
El mismo organismo documentó destrucción de viviendas, daños a infraestructura, cortes de agua y electricidad y restricciones al acceso humanitario en Yenín, Nur Shams y Tulkarem. Las autoridades israelíes han justificado sus operaciones en Cisjordania por razones de seguridad y por la necesidad de combatir a grupos armados palestinos.
La violencia vinculada con los asentamientos también ha aumentado. Naciones Unidas informó en agosto que cerca de 3,800 palestinos habían sido desplazados durante 2026 por una combinación de violencia de colonos, demoliciones y desalojos. El organismo había documentado más de 1,430 incidentes relacionados con colonos durante el año, con afectaciones en alrededor de 260 comunidades palestinas.
En junio, expertos de Naciones Unidas ya habían advertido que el incremento de los ataques de colonos estaba provocando desplazamientos y señalaron que esa dinámica podía constituir un instrumento de desplazamiento forzado. En marzo, otros expertos de la organización habían utilizado directamente el concepto de “limpieza étnica” para describir las políticas y prácticas que, según su evaluación, estaban produciendo el desplazamiento de palestinos en Cisjordania.
El Gobierno israelí rechaza estas acusaciones y sostiene que muchas de las medidas internacionales contra los asentamientos representan una injerencia en sus asuntos internos. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, calificó las acciones británicas de inaceptables y acusó a Londres de presentar una imagen distorsionada de la realidad israelí.
La respuesta de Israel fue inmediata y tuvo una dimensión diplomática considerable. Jerusalén ordenó al Reino Unido cerrar su consulado general en Jerusalén Este en un plazo de 30 días y anunció que los diplomáticos británicos destinados en Ramala deberán abandonar la zona en un plazo de una semana.
La medida contra el consulado es especialmente significativa. La representación británica en Jerusalén Este mantiene funciones relacionadas con los territorios palestinos y su existencia está vinculada con la posición histórica de Londres, que no reconoce la soberanía israelí sobre Jerusalén Este.
Israel también decidió suspender la participación británica en mecanismos de coordinación relacionados con Gaza, prohibir la capacitación británica de fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina y restringir la entrada de ciudadanos británicos, entre ellos parlamentarios y figuras políticas.
La escalada evidencia hasta qué punto se han deteriorado las relaciones entre ambos gobiernos. Reino Unido ya había adoptado anteriormente sanciones contra colonos considerados extremistas y había endurecido su posición frente a las políticas israelíes en Cisjordania y Gaza.
Para Londres, las nuevas restricciones comerciales buscan enviar una señal política y presionar contra la expansión de los asentamientos. Para Israel, representan una medida unilateral que cuestiona su soberanía y su política de seguridad. Entre ambas posiciones queda atrapada una cuestión que lleva décadas sin resolverse: quién controlará Cisjordania y cuál será el estatus definitivo de Jerusalén.
La verdad es que el conflicto diplomático llega en un momento especialmente delicado. Naciones Unidas advierte de niveles sin precedentes de violencia de colonos y desplazamiento en Cisjordania, mientras varios gobiernos europeos consideran que la expansión territorial está debilitando las posibilidades de una solución negociada.
El intercambio de sanciones y represalias también demuestra que el desacuerdo ya no se limita a declaraciones políticas. Ahora afecta comercio, cooperación de seguridad, representación diplomática y movilidad de funcionarios. Y cuando una disputa alcanza esos ámbitos, recuperar los canales de confianza resulta mucho más complicado.
El futuro inmediato dependerá de si las medidas británicas y de sus aliados consiguen modificar las políticas de asentamientos o si, por el contrario, provocan una nueva escalada diplomática. Mientras tanto, la situación en Cisjordania continúa deteriorándose y la posibilidad de una solución de dos Estados enfrenta, sobre el terreno, obstáculos cada vez más difíciles de ignorar.
