El Gobierno de Javier Milei anunció una denuncia penal contra varias empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, mientras acelera su ofensiva legal contra la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, territorio administrado por el Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina.
La disputa por las Islas Malvinas vuelve a ganar intensidad y esta vez el petróleo está en el centro de la confrontación. El Gobierno argentino anunció este lunes que presentará una denuncia penal contra varias compañías relacionadas con Navitas Petroleum por considerar que operan en la Cuenca Malvinas Norte con licencias que, desde la perspectiva de Buenos Aires, fueron otorgadas de manera ilegítima por las autoridades británicas de las islas.
La denuncia será presentada por el canciller argentino, Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. Según informó la Oficina del Presidente, la acción alcanzará a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
El Gobierno argentino sostiene que las compañías presuntamente cuentan con autorizaciones para explorar o explotar hidrocarburos en aguas de la Cuenca Malvinas Norte sin la autorización de Argentina y en contravención de la Ley 26.659, que establece condiciones para empresas que desarrollen actividades relacionadas con hidrocarburos en áreas cuya soberanía es disputada.
La ofensiva llega pocos días después de que el presidente Javier Milei anunciara que endurecería las sanciones contra empresas petroleras que participen en actividades de exploración y explotación en las islas. El mandatario también anticipó el envío de un proyecto de ley al Congreso para reforzar las herramientas legales del Estado argentino.
El principal foco de la controversia es Sea Lion, uno de los proyectos petroleros más importantes actualmente en desarrollo en el Atlántico Sur. Navitas es la operadora y posee una participación del 65 por ciento, mientras que la británica Rockhopper Exploration mantiene el 35 por ciento restante.
El proyecto ya superó una etapa decisiva. En diciembre de 2025, Navitas y Rockhopper aprobaron la decisión final de inversión para la primera fase de desarrollo. De acuerdo con información publicada por Rockhopper, el plan contempla comenzar la perforación durante 2027 y mantiene como objetivo obtener el primer petróleo durante el primer trimestre de 2028.
La magnitud económica explica buena parte de la tensión. El desarrollo de Sea Lion contempla importantes reservas y recursos petroleros, mientras que la empresa británica ha señalado que la primera fase contará con una capacidad de producción cercana a los 50 mil barriles diarios. En agosto de 2026, además, Navitas avanzó en la adquisición de la plataforma FPSO OSX-1 para acelerar el desarrollo de nuevas áreas del yacimiento.
Rockhopper informó que la nueva infraestructura permitiría estudiar una expansión del proyecto hacia el Área Central de Desarrollo. La compañía prevé que esa fase pueda requerir la perforación de 38 pozos y ha señalado como objetivo una decisión final de inversión durante la primera mitad de 2028.
Argentina considera que el avance de estas operaciones constituye una explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía reclama. El Reino Unido, por su parte, mantiene el control de las islas y defiende el derecho de sus habitantes a decidir su propio futuro político.
La controversia tiene además un componente empresarial que complica todavía más el escenario. Navitas es una compañía vinculada al mercado israelí y el proyecto Sea Lion cuenta con participación de capitales e intereses británicos e israelíes. Reuters ha señalado que la presión de Milei contra el proyecto ha puesto también bajo la lupa a inversionistas relacionados con esas empresas, aunque el Gobierno argentino ha insistido en que su disputa está vinculada con la soberanía y la explotación de recursos, no con la nacionalidad de los accionistas.
Las compañías involucradas sostienen una posición distinta. Navitas y Rockhopper consideran válidas las licencias concedidas por el Gobierno de las Islas Malvinas y respaldadas por el Reino Unido, por lo que han continuado con sus planes de desarrollo.
La escalada ocurre, además, en un contexto diplomático particularmente sensible. Milei ha interpretado recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump como una oportunidad para reforzar la posición argentina sobre las Malvinas. Al mismo tiempo, su Gobierno anunció planes para fortalecer las capacidades militares y navales en Tierra del Fuego, incluida la reactivación del proyecto para construir una base naval en Ushuaia.
Buenos Aires asegura que estas medidas forman parte de una estrategia para proteger sus recursos naturales y reforzar sus capacidades de defensa. Londres, en cambio, mantiene su postura histórica sobre las islas y su respaldo a la administración británica del territorio.
La nueva denuncia judicial difícilmente quedará aislada del conflicto diplomático. Con un proyecto petrolero que avanza hacia su etapa de perforación y una producción prevista para 2028, cada movimiento empresarial adquiere ahora una dimensión política mayor. El petróleo, que durante años fue una posibilidad económica en las aguas próximas a las Malvinas, se ha convertido nuevamente en uno de los puntos más sensibles de la disputa entre Argentina y Reino Unido.
