Colombia ha logrado contener algunos de los incendios forestales más peligrosos de los últimos días, pero Tolima continúa concentrando buena parte de la emergencia mientras la sequía, las altas temperaturas y la posible intervención humana mantienen encendida la alerta.
El fuego ha obligado a Colombia a mirar hacia sus bosques, cultivos y comunidades rurales con una preocupación creciente. Este domingo, las autoridades consiguieron controlar un incendio que amenazaba un gasoducto en Gualanday, municipio de Coello, en Tolima, pero la emergencia está lejos de haber terminado. El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, contabilizó diez incendios activos y siete bajo control en el país.
Tolima concentra siete de los focos que permanecen activos, localizados, entre otros municipios, en Suárez, San Luis, Armero, Coello y Guamo. Nariño registra dos y Caldas uno. Al mismo tiempo, los organismos de emergencia han logrado liquidar 75 incendios durante los últimos siete días, una cifra que muestra tanto la capacidad de respuesta desplegada como la dimensión de una temporada especialmente exigente.
El caso de Gualanday ilustra el riesgo que enfrentan las comunidades. Las llamas avanzaron hacia una zona donde se encuentra infraestructura estratégica y pusieron en peligro un gasoducto. El presidente Abelardo De la Espriella informó que bomberos, organismos de socorro y autoridades consiguieron controlar el incendio antes de que alcanzara la instalación. El área permanece bajo vigilancia ante la posibilidad de una reactivación.
La magnitud del problema en Tolima puede medirse también en hectáreas. La Gobernación ha estimado que desde comienzos de agosto los incendios han afectado más de 20.000 hectáreas de vegetación, bosques, pastizales y cultivos. Un reporte de RTVC Noticias recogió además afectaciones severas sobre la actividad agropecuaria, con pastos destruidos y cultivos de café, aguacate, plátano y otros productos dañados.
Para una región agrícola, el fuego no termina cuando desaparece la última llama. Un cultivo perdido representa meses de trabajo que no pueden recuperarse de inmediato. Un pastizal quemado puede dejar al ganado sin alimento. Y un bosque destruido necesita años, cuando no décadas, para recuperar parte de su estructura. El incendio es rápido; la recuperación, dolorosamente lenta.
Las condiciones meteorológicas han contribuido a complicar el escenario. La Gobernación del Tolima había advertido desde principios de agosto sobre el incremento del riesgo debido a las altas temperaturas y la segunda temporada de menos lluvias. El IDEAM también ha señalado condiciones que favorecen la propagación de incendios en distintas regiones del país.
Sin embargo, el clima no explica necesariamente todos los focos. Las autoridades investigan la posibilidad de que algunos incendios hayan sido provocados deliberadamente o estén relacionados con quemas irresponsables. La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se determinen las responsabilidades. Mientras tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que existen informaciones que apuntan hacia una posible participación de personas vinculadas con minería ilegal o grupos armados, aunque esas hipótesis todavía deben ser investigadas y probadas.
Esa distinción resulta fundamental. En medio de una emergencia, señalar responsables antes de contar con pruebas puede generar más confusión. Lo que sí está documentado es que Colombia enfrenta condiciones ambientales capaces de convertir una quema pequeña en un incendio difícil de controlar. Por ello, el Gobierno nacional ha suspendido temporalmente las quemas abiertas controladas en zonas rurales como medida preventiva.
El impacto tampoco se limita a las personas y la economía. En Tolima y Nariño se han observado animales silvestres desplazados de sus hábitats por las llamas. Infobae reportó el hallazgo de un oso hormiguero y un zorro de monte afectados por las condiciones posteriores a los incendios. Cuando el fuego destruye la vegetación, la fauna pierde alimento, refugio y rutas naturales de desplazamiento.
La respuesta requiere recursos, coordinación y vigilancia constante. Bomberos, Fuerza Pública, autoridades ambientales y organismos de gestión del riesgo mantienen operaciones terrestres y aéreas para atacar los focos de mayor complejidad. También participan equipos enviados desde otros departamentos, una muestra de que las emergencias de esta magnitud pueden superar rápidamente la capacidad de una administración local.
La emergencia colombiana deja una advertencia que va más allá de Tolima. Los incendios forestales no son únicamente un problema de verano ni una sucesión de imágenes espectaculares de bosques en llamas. Pueden convertirse en una amenaza para la agricultura, el suministro de agua, la infraestructura, la biodiversidad y las comunidades rurales.
Por ahora, controlar las llamas es la prioridad. Después llegará una tarea más difícil: determinar cuánto se perdió, quién deberá responder por los incendios provocados si las investigaciones confirman esa hipótesis y cómo preparar al país para temporadas en las que el calor y la sequedad pueden volver a poner los territorios al límite.
La buena noticia es que algunos de los focos más peligrosos están siendo contenidos. La mala es que el terreno sigue seco y las condiciones que favorecen nuevos incendios permanecen. En Colombia, la batalla contra el fuego todavía no ha terminado.
