Aunque Brasil llega a la recta electoral con un mercado laboral resistente y una inflación que ha perdido fuerza, el endeudamiento y la percepción de que el dinero rinde cada vez menos pueden convertirse en uno de los mayores obstáculos para la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva.
La economía puede ofrecer buenos números y, aun así, no sentirse bien en el bolsillo. Esa contradicción comienza a pesar en Brasil a pocas semanas de las elecciones presidenciales de octubre. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva puede presumir de una inflación que se ha moderado y de un mercado laboral todavía sólido, pero para muchas familias la experiencia cotidiana es diferente: hacer la compra, pagar una tarjeta o afrontar una deuda sigue exigiendo demasiado esfuerzo.
Los datos oficiales muestran una economía que no encaja del todo con el malestar de la calle. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística informó que la inflación medida por el IPCA alcanzó el 4,64 % interanual en junio, después de haber registrado un avance mensual de apenas 0,16 %. El comportamiento de los alimentos fue incluso favorable ese mes, con una caída de 0,24 %. La percepción de pérdida de poder adquisitivo, sin embargo, puede persistir aunque los precios dejen de aumentar con la misma velocidad.
La diferencia es sencilla de explicar. Que la inflación baje no significa que los precios regresen al nivel anterior. Una familia que durante varios años ha visto encarecerse alimentos, vivienda, transporte y servicios necesita después recuperar ingresos para sentir realmente un alivio. La estadística mide la velocidad del aumento; el consumidor, en cambio, recuerda cuánto cuesta llenar el carrito.
A ese problema se suma el crédito. El Banco Central mantiene desde el 6 de agosto la tasa Selic en el 14 % anual, después de varios años de política monetaria restrictiva. Esa tasa influye sobre el costo del financiamiento y, aunque no se traslada de manera idéntica a todos los préstamos, ayuda a explicar por qué para las familias endeudadas resulta difícil salir rápidamente del problema.
La situación adquiere una dimensión política porque el endeudamiento puede transformar un problema financiero en una percepción de inseguridad económica. Cuando buena parte del ingreso mensual ya está comprometida con cuotas, intereses y pagos atrasados, cualquier aumento adicional del costo de vida se siente con mayor intensidad.
La oposición ha entendido ese punto. Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula en la actual carrera presidencial, ha colocado el costo de vida entre sus argumentos de campaña y promete reducir impuestos y abaratar los alimentos. El mensaje es directo: si los indicadores macroeconómicos parecen positivos, pero las familias siguen sintiendo presión, el Gobierno puede ser responsabilizado por la distancia entre ambas realidades.
Los sondeos muestran que la elección está lejos de estar resuelta. Una encuesta Datafolha divulgada el 21 de agosto situó a Lula con el 39 % de las preferencias en la primera vuelta frente al 33 % de Flávio Bolsonaro. En una eventual segunda vuelta, el presidente obtendría 47 % frente a 43 %. Reuters destacó que la diferencia se ha estrechado respecto del mes anterior, aunque el margen continúa dentro de una contienda competitiva.
La propia evaluación del Gobierno ofrece otra señal. Según Datafolha, la proporción de brasileños que califican negativamente la gestión de Lula aumentó al 41 %, mientras que la valoración positiva quedó en 33 %. La desaprobación también pasó a superar ligeramente a la aprobación. No puede afirmarse que este deterioro sea provocado exclusivamente por la economía, pero el costo de vida y la situación fiscal forman parte del contexto que condiciona la percepción presidencial.
Además, el mercado laboral no elimina automáticamente la sensación de estrechez. El IBGE registró una tasa de desempleo de 6,1 % durante el primer trimestre de 2026, por debajo del mismo periodo de 2025, aunque superior al trimestre anterior. Es un mercado que conserva fortaleza, pero no todos los trabajadores tienen los mismos ingresos ni enfrentan las mismas cargas financieras.
Ahí aparece el dilema para Lula. Mantener una política económica capaz de contener la inflación exige disciplina monetaria y fiscal, pero unas tasas elevadas también encarecen el crédito y dificultan la recuperación de quienes ya están endeudados. Por otro lado, aumentar el gasto sin una fuente sostenible de financiamiento puede alimentar nuevas presiones sobre las cuentas públicas y, eventualmente, sobre los precios.
La campaña electoral convertirá seguramente esa tensión en una disputa de relatos. El oficialismo podrá señalar el empleo, la moderación inflacionaria y la resistencia de la actividad. La oposición podrá responder con algo mucho más sencillo y emocional: cuánto queda en la cartera después de pagar las cuentas.
Y es que las elecciones no se deciden únicamente en las hojas de cálculo. También se deciden en el supermercado, frente al recibo de la tarjeta y al final de un mes en el que el salario parece haberse evaporado demasiado pronto. Para Lula, conseguir que la recuperación económica deje de ser únicamente una estadística y vuelva a sentirse en los hogares puede resultar tan importante como cualquier promesa de campaña.
