La paz y la seguridad somos todos.
Columna de Jessica Saidén Quiroz para Mi Punto de Vista.
Bajo la innegable legitimización que le dan más de 30 millones de sufragios, el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció el Plan Nacional de Paz y Seguridad, que pretende reducir, los índices delincuenciales de todo el país.
En él, se plantean diversas propuestas en aras de pacificar a México, combatir la corrupción que impera en los organismos de seguridad pública de algunos Estados y prevenir los delitos. Las cifras son devastadoras, según cálculos, en este 2018 se podría concluir con más de 154 mil homicidios.
Los principales puntos de este Plan incluyen la amnistía y el desarme de carteles como una medida contraria a “combatir fuego con fuego”, promoviendo leyes especiales posibilitando el desarme, poniéndole un fin a las confrontaciones armadas y ofreciendo condenas reducidas por los delitos cometidos.
Otro de los ejes – polémicos en su naturaleza – es modificar las políticas públicas respecto al consumo de las drogas, legalizando el cultivo de la marihuana con fines lúdicos y medicinales. Hasta la fecha existe una total prohibición en ambos aspectos, aunque el Código Penal Federal permite la posesión de una cierta cantidad de gramos.
También, los cuerpos militares tendrán funciones específicas de seguridad nacional en todo el territorio, contemplándose una Guardia Nacional con más de 50 mil efectivos policías militares, navales y federales.
En el espectro de este nuevo Plan, se considera a la corrupción como uno de los factores más recurrentes en la inseguridad nacional, por lo que se considera modificar la norma para que aquella sea un delito grave, sin derecho a la caución legal. Asimismo, los servidores públicos deberán presentar sus declaraciones patrimoniales, a los policías se les incrementará el salario y se eliminará el fuero a quienes ostenten altos cargos gubernamentales.
Uno de los puntos más interesantes de este proyecto es que se buscará que las recomendaciones de la Comisiones de Derechos Humanos sean vinculantes, puniendo su incumplimiento como un delito.
Todos aspectos válidos y que ponen el debate sobre la mesa, si este es el inicio de la Cuarta Transformación, se están haciendo profundas reformas a los esquemas de gobernanza, una auténtica sacudida a las instituciones de un México donde actualmente hay más de 37 mil personas desaparecidas.
La desregulación de la marihuana deberá ir acompañado de programas sociales primero, para la adicción de aquellos consumidores que abusen del enervante a la par de la promoción permanente del deporte y la sana convivencia.
Seguimos siendo un territorio de traslado hacia el gran mercado que es el estadounidense, pero el gran negocio ya no es la marihuana, lo son las drogas sintéticas y de diseño, como las anfetaminas, la cocaína o el éxtasis.
Por su parte, la amnistía tiene que ser regulada bajo diversas consideraciones, como la reincidencia, el historial delincuencial, el tipo de delito cometido y la reparación del daño, no solo en lo económico, sino también en lo social.
A mi consideración, ciertos delitos de tipo personal, como los de índole sexual o aquellos cometidos con agravantes, como alevosía y ventaja, no deberían entrar bajo este esquema, la justicia es darle a cada quien lo que le corresponda.
Sacar a las fuerzas castrenses a nuestras calles, también tendrá que ser regulado, del período 2006 al 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió más de 20 mil quejas ciudadanas en contra del Ejército y la Marina.
Ajenos a los altos niveles de inseguridad de otros puntos del país, los yucatecos sabemos que el tejido social es indispensable para el fortalecimiento de la comunidad. Entre vecinos, entre amigos, entre todos, nos cuidamos y protegemos.
Los altos mandos federales deberían copiar el modelo Yucatán al respecto, en donde los policías están preparados, capacitados y se les recompensa por ello, no todos son perfectos y habrá quienes se desvíen del camino de la honestidad, pero estoy segura que son los menos.
Fortalecer la economía tiene que ser prioritario, trayendo inversiones del extranjero, como lo anunciado por el gobernador Mauricio Vila Dosal hace unos días, en el que se invertirán más de 1,300 millones de pesos, dándole trabajo a alrededor de mil personas.
Mejorar el acceso a la educación con becas y constante capacitación, queremos ver a más mexicanos y mexicanas en aulas, en los laboratorios, en las bibliotecas, soñando con un futuro enriquecedor en el espíritu.
El narcotráfico se alimenta de la pobreza, la ignorancia y la necesidad de la población, ofreciendo dinero a mansalva a niños y adolescentes, quienes ven una oportunidad ociosa de salir de la pobreza.
Como un Plan Integrador, abarca numerosas situaciones que necesitan ser atendidas, pero ninguna de éstas funcionará si nosotros como sociedad no ponemos nuestra parte: si ve a algún funcionario corrupto, denuncie, no corrompa, si observa algún delito, acuda al Ministerio Público.
Entre todos y con todos, podemos hacer una gran diferencia.
