Además, la izquierda no puede dejarse atrapar por esa disyuntiva política que se siembra desde el poder y que tiene como base la continuidad del panismo al frente del gobierno de la República para evitar el regreso del PRI a la casa presidencial. Estas no pueden ser las dos únicas alternativas.
En el país se enriquecieron las condiciones para que pueda triunfar la propuesta democrática dentro de dos años.
La nueva situación abrió un conflicto. Desde distintos sectores de la izquierda se está condenando a las coaliciones electorales que se han integrado en varios estados del país. Pero la crítica y la impugnación no se están realizando en función de cuestionar la existencia de un programa de cambios y un compromiso real, de parte de los coaligados, para democratizar y poner en marcha las reformas sociales que requieren aplicarse en las distintas entidades federativas.
La impugnación no es democratizadora. Esta crítica encierra señalamientos ciertos, pero sigue siendo una crítica de política general. Esto no es malo. Pero es una crítica superficial que se traduce en inmovilismo político y en llamados prácticos a la abstención electoral.
En procesos electivos de alta competitividad como los que habrán de ocurrir en el 2010, la desmovilización política no sólo pone en peligro la alternancia política en varias entidades, sino también la posibilidad de promover un movimiento cívico de reclamos políticos y sociales en dichos estados donde habrá cambio de gobierno.
A mayor competitividad, los viejos reclamos y agravios sociales pueden emerger con fuerza en movimiento democratizador desde donde es posible que la salida democrática a la crisis que vive el país se proyecte en forma más contundente, mucho más allá de las propias fronteras de los estados de la República.
Por fortuna o por desgracia, los grandes movimientos de resistencia están surgiendo en medio de una alta competitividad electoral. Dejar las alternancias del los gobiernos estatales circunscritas al control de las burocracias partidarias, significaría volver a repetir las historias de las transiciones frustradas. Dadas las características de los coaligados, las actuales redes de poder y manipulación electoral solamente cambiarían de dueño.
La apuesta por la alternancia es buena. Pero el éxito y el avance político descansan en este movimiento de las sociedades permanentemente agraviadas. La izquierda está obligada a estar presente en estos procesos, no sólo en testimonio sino como elemento competitivo y con identidad clara. Toda la izquierda debería de radicalizar la competitividad electoral y desplegar ese movimiento democratizador de ciudadanos agobiados por la carencia de derechos y libertades.
Las coaliciones electorales constituidas en Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Durango, y las que se piensan constituir en Sinaloa, Quintana Roo y Guerrero, generan cierta seguridad y certezas de triunfo electoral. Es indudable que elevan claramente la competitividad y abren un abanico de oportunidades para la acción política democratizadora.
El cambio en el gobierno es solamente una oportunidad, pero no es garantía de absolutamente ninguna transformación social y democrática en esas entidades. La historia electoral del país está llena de muchas alternancias políticas. Salvo honrosas excepciones donde destaca el Distrito Federal, el desenlace ha sido la continuidad de gobiernos que no generan cambios, sino que consolidan estructuras gubernamentales y de políticas públicas alejadas totalmente de los más elementales principios democráticos y de transparencia.
La mayor preocupación de la izquierda debe estar centrada en este hecho político. La desesperación electoral por los resultados obtenidos en el 2009, no puede omitir la vigilancia en la construcción de compromisos ciertos en materia democratizadora. La condena absoluta a estas coaliciones también abona el carácter conservador de muchos de los coaligados.
POCA VOCACION OPOSITORA.
Las coaliciones electorales constituidas en los estados gobernados por el PRI, representan un grito opositor. Aunque tardío, pero es un acto de oposición política. Esta acción opositora ya era un viejo reclamo de los ciudadanos, pues a lo largo de muchos años, buen número de dirigentes de la izquierda en esas entidades, contribuyeron a reforzar el comportamiento feudal de los gobernadores.
Los ciudadanos dejaron de ver alguna diferencia entre las diversas opciones partidarias. Se generó desencanto, y la falta de confianza provocó el paulatino debilitamiento de las luchas opositoras y en algunos casos, la extinción política y electoral de la izquierda partidaria.
En estados como Oaxaca, Puebla, Hidalgo y otros, se había renunciado a ser oposición. No se luchaba por nada, no se impactaban ante el abuso de poder, el despilfarro de recursos, la violación de los derechos humanos, y la enorme miseria y el hambre que padecen grandes sectores de la población ya no eran motivo de indignación. Muchos dirigentes se hicieron cómplices.
La complicidad les daba fuerza en el aparato del partido y garantizaba “sus éxitos” en las contiendas internas para elegir dirigentes locales y nacionales. La fuerza y el poder de los gobernadores se extendieron hasta el corazón mismo de los partidos de la izquierda. Mucha cooperación, ninguna oposición.
Quizá por desesperación y sobrevivencia electoral se haya dado un paso opositor. Ello puede abrir la oportunidad para superar la aberrante complicidad que estaba provocando la destrucción del esfuerzo de generaciones y de innumerables luchas opositoras, y la renuncia de una voluntad democratizadora. Este comportamiento vulgarizó el federalismo, elevó a los gobernadores como monarcas, se perdieron grandes espacios de libertades por la regresión autoritaria, y el PRD perdió confianza ciudadana y autoridad política.
EL FEUDALISMO ESTATAL Y LOS NUEVOS MONARCAS.
Los “carros completos” que resurgieron con fuerza en las elecciones locales y federales del año 2009 prendieron los focos de alarma política. Detrás de cada “carro completo” solo puede estar el abuso del dinero y la manipulación electoral. La lección de la elección federal es contundente. La próxima campaña presidencia no puede desarrollarse en un marco de caciquismo y dominio absoluto del poder estatal.
El gobierno del presidente Fox canceló el transito de las reformas democratizadoras en el país. Escogió el acuerdo con los viejos poderes y gobiernos locales. Este fue un acuerdo traumático para el país. México entró en un proceso de regresión y de descomposición política.
Este es el acuerdo vigente en el gobierno de Felipe Calderón. La firma del pacto entre Nava y Paredes representa una de las bases fundamentales del sistema de acuerdos que impiden el progreso democrático del país.
Desde el año 2000, todas las instituciones están funcionando en torno a este acuerdo. El Poder Judicial, con muchas de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Las decisiones del Poder Legislativo en materia fiscal y presupuestal, y el conjunto de las acciones del Poder Ejecutivo estuvieron girando, a lo largo de muchos años, alrededor de estos pactos.
Algunos casos son vergonzosos. El Poder Judicial con las resoluciones de Mario Marín y Ulises Ruiz. Las Cámaras del Congreso omitiendo sistemas de control en el gasto público y castigos a los usos irregulares del dinero. Las reformas en materia de transparencia se detuvieron justo en las fronteras de cada gobierno estatal.
El PRI perdió la presidencia del país en el año 2000, pero el viejo sistema mantuvo la captura de todas las instituciones. Desde los nuevos poderes locales se re-colonizó a todos los poderes de la Unión. Los dos gobiernos del PAN han descansado sobre una base común: someterse y ser parte de un sistema dominado por poderes y prácticas totalmente alejados de la institucionalidad y el control democrático.
A partir de 1997, cuando el PRI perdió la mayoría de la Cámara de Diputados, se empezaron a dar pasos sustanciales para incrementar los recursos públicos destinados a los estados y municipios, disminuir la discrecionalidad y el abuso de la SHCP y las prácticas de premios y castigos aplicados por el Poder Ejecutivo en materia financiera. Las participaciones y aportaciones se fijaron con criterios que daban certeza y transparencia en los decretos de presupuesto federal.
Estos elementos representan una gran conquista democrática, pero aún falta mayor justeza en la asignación de recursos, además de elevar la responsabilidad fiscal de los estados y municipios. Pero la gran asignatura que sigue pendiente es la que tiene que ver con la rendición de cuentas y la transparencia presupuestal, el control y la fiscalización del gasto público, tanto el federal como el poco que tiene origen en las contribuciones locales.
La Auditoría Superior de la Federación ha realizado un diagnostico contundente: “…..la revisión de la cuenta pública 2007 reveló que las entidades federativas mantienen prácticas recurrentes de irregularidades en la aplicación de recursos federales, tales como pagos efectuados con fines distintos de los establecidos, acciones que no atendieron a la población objetivo, multas y recargos por pagos extemporáneos, pagos por estímulos no autorizados, falta de penalización por incumplimiento de proveedores, otorgamiento de anticipos superiores a los previstos, obras que no benefician a grupos en rezago social, adjudicación indebida de contratos, obra pagada no ejecutada, falta de comprobación de gastos, falta de reintegro de recursos no utilizados, subejercicio de recursos, debilidades en las reglas de operación de los fondos que conforman el Ramo 33 y un incremento del gasto corriente…”.
Según la ASF, el gasto de los gobiernos locales se ubica, junto a otras áreas del gobierno federal, como uno de los grandes focos de alarma por la opacidad y el despilfarro. A partir del gobierno de Vicente Fox, se consolidó una generación de gobiernos ricos nadando en un mar de gastos discrecionales. El gasto irracional de los excedentes petroleros y el poder del dinero generó un control político insultante en varias entidades del país.
Los gobernadores son amos y señores. Los órganos locales de fiscalización y auditoría son juez y parte y actúan como prolongaciones del mismo ejecutivo. Los fideicomisos se usan para esconder cuentas y recursos. Los esquemas de Programas de Prestación de Servicios (PPS) se utilizan para abusar de endeudamientos públicos que se realizan por encima del los congresos locales.
El control de los principales medios de comunicación en las entidades los hace más poderosos y abusivos. La existencia del Tribunal Federal Electoral no alcanza a inhibir la compra del voto y la manipulación electoral y la independencia de los organismos electorales a nivel estatal aún debe ser conquistada. Prácticamente en ningún lugar existen sistemas de participación ciudadana y verdaderos esquemas de rendición de cuentas.
Es posible que se cometan imprecisiones al generalizar conductas. Pues es evidente que el comportamiento tiene variaciones en cada estado de la República. En mucho depende de la congruencia de las fuerzas de oposición. Donde hay oposición y lucha política los esquemas de gobierno se ejercen de manera distinta. En otros estados, la “oposición” tiene el gobierno que se merece.
Lo más importante es destacar la existencia de un sistema de gobiernos locales que se han convertido en verdaderos obstáculos para la democratización del país. Un sistema de feudos y monarcas que tiene que ser desmantelado para que emerja un federalismo renovado a partir de la plena democratización en los estados y municipios, y para ir a la elección presidencial del 2012 bajo un sistema de mayor imparcialidad política.
La tarea de desmantelar estos sistemas de feudos y monarcas, tiene que ser uno de los principales compromisos de las coaliciones electorales establecidas entre los partidos de la izquierda y la derecha que hoy está en el gobierno. Esto es lo que tiene que hacerse explicito ante los ciudadanos de todo el país. Lo demás carece de significado real. El programa y la estrategia basada en un triunfo por acá, un puesto público por allá, no tiene ninguna relevancia política.
LOS PRIMEROS SALDOS DE LAS COALICIONES ELECTORALES.
Hasta ahora, los primeros saldos de las coaliciones electorales son contradictorios. Lo primero es que se ha cimbrado el viejo acuerdo de protección y de complicidad mutua establecido entre los gobiernos locales y el PRI con el ejecutivo Federal. Lo segundo, es que se volvió a abrir una fuerte separación entre los más importantes líderes de la izquierda con sus partidos políticos. Lo tercero es la duda de la vocación democratizadora de los principales candidatos de las coaliciones y la escasa claridad y compromiso de cambios políticos y sociales en las respectivas entidades. El cuarto saldo es la existencia de grandes posibilidades de derrotar al PRI y lograr las alternancias de varios gobiernos en distintos estados.
Estos primeros resultados están proyectando las potencialidades y limitaciones de las coaliciones electorales. Lo peor es el inmovilismo político y el llamado a la abstención. Las coaliciones electorales deben ser mantenidas y la izquierda debe demandar nuevas condicionantes políticas. Aunque parezca contradictorio, pero estos primeros resultados abren la posibilidad de mejores momentos políticos para el movimiento democrático del país.
El PRD debe ser el primero en denunciar el acuerdo Nava-Paredes. Este convenio encierra la perversión política que tiene postrado al país en el autoritarismo y el beneplácito de los grupos oligárquicos. Es el refrendo permanente de pactos de complicidad que cancelan cambios nacionales. Poco importa herir a nuestros aliados. No andemos por las ramas impugnando el carácter de interlocutor de Gómez Mont. Denunciemos de fondo el acuerdo. Lo más importante es ganar a la sociedad a una causa democratizadora.
La denuncia de este acuerdo debe obligar al Partido Acción Nacional y al gobierno a presentar ante el Congreso de la Unión una plataforma de reformas que atenten contra los poderes fácticos. La reforma de los medios de comunicación, la nueva regulación contra los monopolios, el sometimiento de los líderes de los organismos sindicales de las empresas y las instituciones del estado a mayores controles y castigos, el nuevo estatuto político del Distrito Federal y las formas de participación directa de los ciudadanos.
En este paquete deberán quedar plasmados los cambios legales y constitucionales, las disposiciones presupuestales, los mecanismos de control del gasto y todo aquello que nos ayude a desmantelar el sistema de feudos y monarcas en las entidades del país. El compromiso de las transiciones en las entidades requiere tener una certeza a nivel de la Constitución y de las leyes federales.
Las prioridades de la reforma del estado deben modificarse. Lo prioritario es un programa contra los monopolios y los poderes fácticos. Los de la economía, la televisión y de los sindicatos de empresas e instituciones del estado. Es posible que no se tenga la mayoría en las Cámaras. Pero es indispensable que la sociedad conozca la posición de cada uno.
Por ello es preciso romper, por el momento, el debate que se reduce a darle más facultades al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo. Hay que tocar al otro poder, al Poder fáctico, al beneficiario eterno de los pactos como el suscrito entre Nava-Paredes. Lo más importante es someter a controles democráticos a los usufructuarios de siempre de los acuerdos de impunidad.
La izquierda dividida siempre será vencida. Pongámonos de acuerdo aunque sea en el programa y la estrategia para levantar un movimiento democratizador en las entidades donde habrá procesos electorales. A todos nos conviene desmantelar el sistema feudal de los monarcas estatales. Ojala y así sea.
A marzo 2010.
Responsable de la divulgación en el Sureste de México.
Lic. Miguel Aarón Rito Betancourt.
Coordinador en Yucatán de la Red por la Unidad Nacional de las Izquierdas del Partido de la Revolución Democrática.
Cel. 99 91 99 22 26
