Uno de los temas recurrentes en la discusión en nuestro contexto es la validez de los retenes policiacos para aplicar la política de alcoholímetros en las principales avenidas más concurridas con tráfico vehicular.

Los que se oponen a esta medida la argumentación la sustentan el derecho fundamental del libre tránsito consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo marco jurídico del país. Sin embargo, los que no se oponen y están a favor lo hacen bajo la consideración de la tarea preventiva de la autoridad que impide que personas en estado inconveniente por abuso en la ingesta de alcohol u otras drogas puedan ser un peligro para otros ciudadanos.

En el caso de Yucatán las sanciones por manejar en estado inconveniente se limitan a la detención del conductor y retención del vehículo, el establecimiento de la multa correspondiente y el pago de los derechos para la liberación y entrega del automóvil.

¿Es recomendable asumir otras medidas para resguardar a la población civil ante conductores sin conciencia?

Sería muy útil que la sanción o afectación de un conductor en estado inconveniente resulten más efectivas en cuestión de seguridad, es que se puedan someter a un juicio para valorar la pertinencia o no de conservar la licencia de conducir cuando la conducta es reiterativa.

¿De qué forma se judicializa un caso de alcoholemia en España?

Resulta interesante conocer que en España un equipo de defensa puede llegar al precio de juicio por alcoholemia por 399 euros, es decir, alrededor de 8,500 pesos mexicanos. En el caso del país ibérico el conducir y cometer el delito de alcoholemia puede acarrear una Prisión de tres a seis meses o una multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y retirada del permiso de circulación de 1 a 4 años.

El despacho de Jr Abogados que hemos conocido nos ilustran, con la experiencia de 15 años, la importancia de contar con expertos en el manejo de estos casos judiciales, sobre todo, porque como cualquier proceso legal se requiere de conocer bien la interpretación de la norma jurídica, como también, de los elementos procedimentales al igual que las pruebas, su búsqueda, la presentación y su perfeccionamiento para que tengan la valoración pertinente del juez. Todo con la finalidad de resguardar el derecho de los conductores que se ven sometidos a este proceso.

La judicialización de los casos de conductores implica la necesidad de valorizar las condiciones de la conducta para que en la libre valoración del juez sobre el caso establezca la sanción correspondiente. Como cualquier proceso judicial requiere de un asesoramiento especializado para que se puedan someter las pruebas correctas, pertinentes y adecuadas a la situación que judicialmente se valora. Al final, hay elementos técnicos que analizar de la conducta que pueden configurar la naturaleza de la sanción y los efectos que pueden tener la sentencia o resolución para un conductor. Como siempre es importante verificar el cumplimiento del debido proceso para dar certeza en que nos violenten los derechos del procesado, así como también, se resguarde el interés público de la sociedad en cuestión de resguardar la seguridad de las calles.

¿Se podría aplicar en Yucatán?

Esta medida que es interesante conocer y comparar con lo que pasa en México, puede abrir posibilidades que generen condiciones de seguridad para todos, desde el ciudadano que respeta los órdenes legales y no abusa de la ingesta de alcohol para después de tomar un vehículo y manejarlo en estado inconveniente, así como también, de quienes cometen ese error.

Es importante que se resguarden los derechos de todos, de la sociedad y de los conductores, más allá de una decisión de una autoridad administrativa ante los elementos técnicos y de prueba que pueden ser evaluados para dar certidumbre y seguridad legal.