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Comisión de Justicia aprobó su opinión sobre el PPEF 2022

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La propuesta considera un incremento de recursos y fortalecerá las labores de las instituciones en este renglón

También avaló el Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura

 

La Comisión de Justicia, que preside el diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), aprobó su opinión sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, que considera un aumento general al rubro de justicia.

 

Se estima que las variaciones presupuestales respecto al presupuesto del ejercicio actual son positivas y fortalecerán las labores ordinarias de las instituciones comprendidas en la función justicia.

 

Al hacer uso de la palabra, el diputado Hamlet García Almaguer (Morena) manifestó que la opinión contiene las preocupaciones respecto a las personas en prisión preventiva por más de los dos años que marca la Constitución y que no han recibido sentencia. Añadió que el Poder Judicial de la Federación y los órganos de impartición de justicia, deben hacer un esfuerzo de austeridad y establecer un esquema para hacer eficiente y reducir el gasto corriente.

 

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) mencionó que el proyecto de presupuesto tiene muchas carencias y una mala distribución, por lo que adelantó que votaría en contra de la opinión, “porque tenemos mucho qué hacer y esta Comisión debe ser punta de lanza para que el siguiente presupuesto genere algo productivo en beneficio de las y los mexicanos”.

 

De MC, la diputada Julieta Mejía Ibáñez, pidió incorporar recursos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para lo que tiene que ver con la consulta referente a la revocación de mandato, que será en marzo próximo.

 

El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (Morena) acompañará la opinión porque el presupuesto es muy generoso. “No comprendemos cómo pueden pedir recursos quienes han estado amparando a quienes evaden al fisco”.

 

La diputada Yolanda de la Torre Valdez (PRI) dijo que votaría en contra porque el aumento de 4 por ciento no ayudará a mitigar los efectos de la crisis de Covid. Además, no considera que la inflación prevista será mayor a 6.5 por ciento. Propuso etiquetar dos mil 300 millones de pesos para transitar a la justicia digital, y ampliar en mil millones la atención de víctimas.

 

Del mismo grupo parlamentario, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria comentó que votaría en contra porque no hay un sentido social en el presupuesto que se presenta. Se han legislado todos los derechos, pero el problema es de acceso a la justicia, no se ha logrado que todos accedan a ella.

 

Enseguida, el diputado Jorge Luis Llaven Abarca (Morena) señaló que votaría a favor porque el recurso para la materia es suficiente, pero debe haber una correcta aplicación de los mismos, no sólo destinar más. Refirió que muchas dependencias y entidades caen en subejercicios. Destacó la importancia de contar con información al respecto y revisar cuántas entidades sí ejecutan al 100 por ciento sus recursos.

 

Del grupo parlamentario del PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez indicó que votaría a favor porque la propuesta incluye y toma en cuenta todas las consideraciones de los representantes de tribunales. “Sólo el Tribunal Agrario trae un déficit de 141 millones de pesos”. Llamó a sumarse con las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para dotar de recursos suficientes a ese tribunal para que pueda hacer su trabajo.

 

La diputada Lizbeth Mata Lozano (PAN) expresó su voto a favor porque incluye las propuestas y solicitudes presupuestales de autoridades. “Exigiremos que en el dictamen final de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública vengan atendidas”. Señaló que las instituciones que requieren más recursos son las que dan atención a víctimas, el Tribunal Agrario y el Tribunal Electoral.

 

De Morena, el diputado Julio Cesar Moreno Rivera adelantó que se abstendría de votar porque se trata de “una cortesía política”. Planteó que las peticiones se funden de otra forma para abonar a que haya una mejor procuración e impartición de justicia, no solo en lo federal, sino en lo local y lo municipal.

 

Programa de trabajo para el primer año de la LXV Legislatura

 

Posteriormente, se avaló el Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, con las adecuaciones propuestas por las y los legisladores.

 

El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) pidió incluir el tema referente al análisis de la situación que enfrentan algunas personas que tienen prisión preventiva y que han excedido el plazo constitucional de dos años.

 

El presidente de la Comisión informó que se incorporará al plan de trabajo el seguimiento a las personas en prisión preventiva y que tienen sentencia.

 

El diputado Jorge Luis Llaven Abarca (Morena) refirió que el tema del hacinamiento en los penales es de dignidad humana. Hay muchas personas que, pese a su edad o su estado de salud precario, siguen recluidos, ojalá podamos explorar beneficios procesales para conceder que puedan bien morir en sus hogares.

 

De la misma bancada, la diputada Aleida Alavez Ruiz comentó que la impartición de justicia no es sólo responsabilidad del ámbito federal, de estatales y locales. Propuso la estandarización de un sistema de integración de carpetas de investigación que contenga todas las investigaciones locales con las diligencias que corresponden a cada delito, para evitar omisiones que perjudiquen a las víctimas y se cree una herramienta más contra de la corrupción.

 

El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (Morena) propuso agregar que se promueva la liberación de personas en reclusión pertenecientes a los históricamente oprimidos mediante beneficios o medios sustitutivos de la pena. Dijo que la Ley de Amnistía no ha alcanzado para la libertad de quienes han estado en prisión preventiva o quienes, ya con sentencia, podrían tener conmutación de la pena.

 

La diputada Mirza Flores Gómez (MC) planteó que se incluya la perspectiva de género y se adicione todo aquello que pueda fortalecer la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que pueda hacer valer la ley de igualdad y todos los tratados internacionales de los que México es parte.

 

La diputada Andrea Chávez Treviño (Morena) pidió incluir en el plan de trabajo: expedir leyes y reformas para establecer un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, que se faciliten las labores de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y de la Comisión para la Verdad y Justicia de 1965-1990 sobre la guerra sucia, también para elevar la justicia digital a rango constitucional y expedir el Código Único en materia Familiar y Civil, revisar Ley Nacional de Extinción de Dominio y una reforma integral a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para fortalecer el combate a la corrupción.

 

Del PRI, la diputada Yolanda de la Torre Valdez reconoció que se tiene claro el rumbo para enfrentar los retos en materia de justicia. Refirió que se debe realizar adecuaciones a la legislación en materia a víctimas, donde hay un gran reto de armonización; revisar el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como modificaciones a la ley correspondiente para atender los problemas inherentes al MP.

 

 

 

 

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