Estas conductas tienen un impacto negativo en el aprendizaje, así como en la salud mental y emocional, advierte María Antonia Cárdenas.
La senadora María Antonia Cárdenas Mariscal pidió a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, que fortalezcan las acciones preventivas para erradicar el acoso y la violencia escolar en los niveles de educación primaria y secundaria.
En un punto de acuerdo, que inscribió en la Gaceta Parlamentaria del 3 de abril, también solicitó a esas dependencias que informen sobre la implementación y, en su caso, avances y resultados de protocolos de prevención y erradicación de esas conductas en las primarias y secundarias del país.
La senadora de Movimiento Ciudadano refirió que, de acuerdo con estadísticas, México ocupa el primer lugar en acoso escolar en dichos niveles educativos, seguido de Estados Unidos, China, España, Japón, Guatemala y otros países.
En el proyecto, expuso que un estudio realizado entre 2017 y 2018, por “Bullying Sin Fronteras para América Latina y España”, así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, revelaron que, en México, este tipo de fenómenos van en aumento, incluso, se reportó que siete de cada 10 menores padecen todos los días algún tipo de acoso.
Además, Cárdenas Mariscal alertó que los estudiantes que son víctimas de acoso escolar suelen tener casi tres veces más probabilidades de sentirse marginados en los centros educativos y el doble de probabilidades de faltar a clases, por lo que tienen un alto riesgo de abandonar su formación académica después de la secundaria.
Entre otras repercusiones, estos niños, niñas y adolescentes obtienen peores resultados educativos, sus calificaciones en matemáticas y pruebas de lectura son más bajas y, cuanto más frecuente es el acoso, peores son sus notas.
En el punto de acuerdo, que fue turnado a la Comisión de Educación, Cárdenas Mariscal insistió en que el acoso escolar tiene un impacto negativo en el aprendizaje, así como en la salud mental y emocional, por lo que es necesario fortalecer las políticas públicas en la materia, así como establecer medidas prioritarias para combatir dichas conductas.
