El día de hoy se dio a conocer, en la conferencia mañanera, la intención de Andrés Manuel López Obrador de emitir un memorándum para ir contra los lineamientos de la “mal llamada reforma educativa”.
Es importante que la reforma educativa de 2013 fue una reforma del Constituyente Permanente, el único órgano del Estado mexicano con la capacidad jurídica de modificar el texto constitucional que requiere de la mayoría calificada (75% + 1) de legisladores de ambas Cámaras (senadores y diputados) y su aprobación en mayoría de las legislaturas estatales (es decir, a partir de 17 votos de congresos locales)
Por otro lado, nuestro régimen constitucional tiene como principio que las autoridades no pueden hacer ninguna acción que vaya en contra o diferente, que tampoco se encuentre, entre las facultades y competencias que le confiere la ley misma. El presidente, por lo tanto, está obligado a cumplir con el mandato constitucional.
Es muy cierto que el tema de la reforma educativa fue el peor desastre legislativo, político y social del sexenio pasado. Es importante y urgente remediar el camino equivocado recuperando los elementos que si son positivos y desechando lo que no significa una franca mejoría para elevar el nivel de calidad en el sistema educativo mexicano.
Pero el tema está estancado por el sector radical del magisterio encabezado por la CNTE. Es muy claro, que los que fueron aliados en los tiempos de campaña de AMLO, hoy quieren ver reflejados sus pretensiones en la contrarreforma educativa que este régimen de gobierno quiere emprender. Sin embargo, en el tema de las nómina y control de las plazas hay un elemento de discordancia que ha producido una parálisis legislativa en la Cámara de Diputados, donde inició su camino de aprobación la iniciativa de la reforma de López Obrador, por el atrincheramiento de maestros de la coordinadora que no les satisface la propuesta lopezobradorista.
Tiempo atrás, el presidente ya había amenazado que si no se daban las condiciones para el trabajo legislativo retiraría su propuesta y la educación en México continuaría con los lineamientos peñistas. Pero eso tampoco funcionó y el rechazo sistemático de la CNTE continúa paralizando el debate legislativo cuando la propuesta que ya fue presentado fue producto de varios foros de análisis que se realizaron en toda la república mexicana durante el periodo de transición del gobierno federal.
Ahora, sin mayor fundamentación y motivación legal, el presidente asume una postura autoritaria y metaconstitucional para solicitar en el memorándum que se ha dado a conocer que, mientras el congreso no se aprueben los cambios constitucionales, “… las […] instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada Reforma Educativa”.
¿Qué estará pensando la exministra de la SCJN y ahora secretaría de gobernación Olga Sánchez Cordero, señalada como destinataria en este directiva u orden presidencial?
Como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garante del constitucionalismo en México, debe ser consciente de la trascendencia de este nuevo lineamiento del gobierno que va contra el espíritu del sano equilibrio de poderes consagrado en el texto constitucional.
Porque ni siquiera es un decreto, que hasta cierto punto podría tener una lógica por su posición jerárquica en el sistema piramidal que establece la manera en como la autoridad ejecutiva aplica un mandamiento constitucional y legal correspondiente.
Es un memorándum que tiene más intencionalidad mediática y de polarizar más a la sociedad para hacer crecer en su nueva base electoral el encrespamiento del sector que lo sigue sin hacerle ningún cuestionamiento. En su prisa por no quedar mal ante esos seguidores que todo lo aplauden de una promesa de campaña que no puede cumplir en la carencia de control político contra sus aliados de la CNTE.
AL CALCE. Si tanto no quiere agraviar la administración de López Obrador a los maestros, entonces ya debió de haber soltado los recursos para que se les pague a quienes ya trabajaron y no se la cumplido. La congruencia está en los hechos.
