A partir del 3 de noviembre, las escuelas primarias y secundarias de México aplicarán una restricción nacional al uso de teléfonos celulares durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos, con excepciones para emergencias y situaciones particulares.
México se prepara para cambiar la relación cotidiana entre estudiantes y teléfonos celulares dentro de las escuelas. El Gobierno federal y las autoridades educativas de las 32 entidades acordaron establecer reglas nacionales para restringir el uso de estos dispositivos y otras pantallas en primaria y secundaria, una medida que comenzará a aplicarse el próximo 3 de noviembre.
El anuncio fue realizado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con la explicación oficial, los alumnos podrán llevar sus teléfonos a los planteles, pero deberán mantenerlos guardados durante la jornada escolar. La restricción abarcará tanto las clases como los periodos de recreo.
La medida contempla excepciones relacionadas con emergencias y circunstancias particulares. Para educación media superior, en cambio, cada plantel deberá definir sus propias reglas de acuerdo con su comunidad educativa y con el propósito de promover un uso responsable y pedagógico de la tecnología. Las universidades conservarán autonomía para establecer sus respectivas políticas.
El acuerdo será publicado en el Diario Oficial de la Federación y, posteriormente, comenzará un periodo de información y adaptación para las comunidades escolares. El Gobierno ha señalado que se realizarán asambleas con docentes, madres, padres y tutores para explicar las nuevas disposiciones.
La decisión es el resultado de varios meses de consultas. La Secretaría de Educación Pública informó que durante la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar se realizó una consulta nacional entre docentes de educación básica. Según las cifras presentadas por la SEP, participaron 565 mil 396 maestras y maestros y 81 por ciento se pronunció a favor de establecer lineamientos que permitan un uso seguro y con fines pedagógicos de los dispositivos digitales.
La consulta también arrojó datos sobre las dificultades que los docentes observan en las aulas. De acuerdo con la SEP, 40 por ciento señaló que los celulares dificultan mantener la atención, 38 por ciento consideró que interrumpen las actividades escolares y 34 por ciento observó que propician el abandono de espacios de convivencia. Además, 38.7 por ciento reportó que conflictos originados en redes sociales terminan trasladándose al aula.
La discusión, sin embargo, no comenzó con esta decisión. Desde agosto, el Gobierno federal había anunciado que buscaba construir una regulación nacional después de conocer la experiencia de los docentes. La Secretaría de Educación Pública también organizó foros regionales para analizar los efectos de las pantallas, las redes sociales y otras tecnologías en niñas, niños y adolescentes.
La propia SEP ha planteado que el problema no consiste simplemente en retirar un teléfono de las manos de un estudiante. En septiembre, Mario Delgado sostuvo que el desafío incluye formar una ciudadanía digital capaz de utilizar la tecnología de manera responsable y crítica. Es una diferencia importante: la regulación busca limitar el uso dentro de la escuela, pero el debate educativo abarca también lo que ocurre fuera de ella.
Y es que el teléfono ya no es únicamente un instrumento para hacer llamadas. Para millones de estudiantes representa una cámara, una consola, una ventana a las redes sociales, una herramienta de comunicación familiar y, en algunos casos, un recurso de aprendizaje. Por eso, la forma en que cada escuela gestione las excepciones y los mecanismos de comunicación será una parte relevante de la aplicación de la nueva política.
Expertos consultados por El Financiero antes del anuncio definitivo señalaron precisamente esa necesidad. En un foro organizado por la Universidad Iberoamericana, especialistas en derechos de la infancia, psicología y pedagogía respaldaron la regulación del uso escolar, pero advirtieron que las reglas deberían contemplar excepciones y evitar que una prohibición general termine afectando a estudiantes que requieren dispositivos para comunicarse o atender determinadas necesidades.
La discusión tampoco es exclusivamente mexicana. La Unesco señala que 114 sistemas educativos ya cuentan con una prohibición nacional de teléfonos móviles en las escuelas, equivalentes a 58 por ciento de los países. En junio de 2023, esa proporción era de 24 por ciento. El organismo sostiene que el crecimiento de estas políticas está relacionado con preocupaciones sobre distracciones, atención, convivencia escolar y bienestar de los estudiantes.
Pero la Unesco también plantea un matiz importante. La tecnología puede contribuir al aprendizaje cuando se utiliza con una finalidad educativa clara. Por ello, la discusión internacional no se limita a decidir si un teléfono debe entrar o no a un salón, sino a determinar en qué circunstancias su utilización realmente aporta al proceso educativo.
México llega a esta regulación después de que algunas entidades ya habían establecido sus propias reglas. La SEP informó en septiembre que 17 estados contaban con algún tipo de regulación sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas. El nuevo acuerdo busca establecer ahora un marco común para todo el país.
El cambio, por tanto, tendrá que superar una cuestión muy concreta: cómo hacer que una regla nacional funcione en escuelas con realidades muy distintas. No es lo mismo una primaria urbana con acceso permanente a internet que una comunidad donde el teléfono constituye uno de los principales medios de comunicación entre las familias y el plantel.
También habrá que observar cómo se resguardarán los dispositivos, cómo podrán comunicarse las familias en caso de emergencia y qué criterios se aplicarán cuando el uso del teléfono tenga una finalidad médica o pedagógica. La regulación nacional establece el punto de partida, pero buena parte de su funcionamiento cotidiano dependerá de los protocolos que desarrollen las autoridades y cada comunidad escolar.
La entrada en vigor del acuerdo marcará así un cambio relevante en las escuelas mexicanas. Los celulares seguirán formando parte de la vida de los estudiantes, pero durante la jornada escolar deberán permanecer fuera de las manos de alumnos de primaria y secundaria, salvo las excepciones previstas.
La pregunta de fondo será qué ocurre después de guardar el teléfono en la mochila. Si la medida consigue abrir más espacio para la atención, la convivencia y el aprendizaje dependerá no solamente de la restricción, sino también de las estrategias pedagógicas que la acompañen. Porque apartar una pantalla durante unas horas puede ser sencillo; enseñar a convivir responsablemente con ella es un desafío mucho más amplio.