Sin embargo, en la práctica y cotidianidad el segundo aspecto no tiene cabida en el actual sistema penal que se aplica en México. Un buen ejemplo que ilustra el fondo del problema es la expresión “primero ejecuta, después averiguas”. De tal manera que es muy fácil acusar a cualquiera de un supuesto delito para que el sistema penal mismo operara en función de ajustarse en la comprobación de la culpabilidad. Como consecuencia directa, la agencias de investigación como el Ministerio Público se convierten en acusadores, más que en buscadores de la verdad objetiva y legal, por no decir la natural o real.
Si aunamos a todo lo anterior los procesos legales lentos por el tortuguismo derivado de la burocracia y la falta de sensibilidad y compromiso de los funcionarios, los casos se complican mucho más, ya que el ciudadano acusado de algún delito, donde ya se presume su culpabilidad, recibe todo el peso y rigor de la ley como si ya fuera su situación una cosa juzgada.
¿Cuántos de los internos e internar en los CERESOS son gente que esperan la conclusión de su caso legal sin ser culpables?
Ahí ya se privó de la libertad, y con ello, el desarrollo normal y natural de un ciudadano, que inclusive, ¿quién le quita el estigma social de culpabilidad que difícilmente es cambiando al emitir el juez una sentencia no condenatoria o de responsabilidad penal?
Hay casos muy notorios en la prensa nacional. Empezamos con el caso de Paco Stanley hace ya una década donde fueron acusado Mario Bezares “Mayito”, la esposa de éste, incluida la edecan, Paola Dorantes. Los tres salieron después de un año de proceso, libres sin ninguna responsabilidad. El comediante terminó su carrera en los medios de comunicación. En este singular caso, la única que supo capitalizar el asunto fue Paola que se ha convertido en una figura pública en los medios de entretenimiento.
Caso diferente de las indígenas que fueron acusadas de un secuestro de seis policías en México y sentenciada en primera instancia a 21 años de cárcel; y que ante fallo de la Suprema Corte de Justicia, en el mes de abril pasado, obtuvieron su libertad al corregir los fallos originales que establecía la culpabilidad ante los hechos imputados, que evidentemente fueron injustos.
¿Cómo recuperar el tiempo perdido en una celda, privados de la libertad, de los derechos políticos?
¿En dónde quedo en la práctica la aplicación del principio de presunción de la inocencia?
El derecho responde también a la evolución social. Dejar que el derecho sin la posibilidad de cambio es negar el avance social que debe también ser regulado. Es cierto que hemos avanzado en la creación y consolidación de instituciones que nos defienden de los abusos. Sin embargo no hemos tocado a fondo el problema de cómo aplicar la justicia en el derecho penal. Una justicia que ponga en “justa” medida la penalización cuando ésta debe ser aplicada en la coacción que nos libre de los perturbadores de la paz y armonía pública.
