El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la regulación del uso de celulares en los planteles busca generar conciencia entre los estudiantes y no establecer un sistema de vigilancia o castigos. La disposición, vigente desde el 3 de noviembre, contempla restricciones diferenciadas según el nivel educativo y promueve el uso responsable de la tecnología.
La regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas mexicanas busca modificar los hábitos digitales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes mediante una estrategia educativa, en lugar de recurrir a mecanismos de vigilancia o sanciones. Así lo sostuvo el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, al explicar los alcances de la disposición impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuya aplicación comenzó el pasado 3 de noviembre.
El funcionario señaló que no se pretende desplegar supervisores para revisar plantel por plantel si los estudiantes llevan consigo un teléfono móvil. El propósito, explicó, es que las comunidades escolares comprendan los riesgos asociados al uso excesivo de las pantallas y desarrollen criterios para regular su relación con estos dispositivos.
«En la SEP le apostamos a la educación, no a poner sanciones», expresó Delgado, al insistir en que la medida debe acompañarse de información, diálogo y participación de docentes, estudiantes y familias. Desde su perspectiva, la regulación no debe limitarse a retirar los teléfonos de las aulas, sino contribuir a que los jóvenes aprendan a utilizarlos de manera consciente y eviten desarrollar hábitos de dependencia.
Las declaraciones fueron realizadas después de su participación en la entrega de Certificados de Competencia Laboral en Autismo a especialistas del Centro Autismo Teletón, ubicado en Ecatepec, Estado de México.
Una regulación diferenciada según el nivel educativo
El titular de la SEP explicó que la disposición está acompañada de orientaciones sobre tecnología, uso de pantallas y mecanismos para el resguardo de los dispositivos. También señaló que las familias podrán decidir, por ejemplo, que sus hijos dejen los teléfonos en casa cuando no sean necesarios para sus actividades escolares.
Sin embargo, el alcance de la regulación no es idéntico para todos los niveles educativos. El Acuerdo número 09/09/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2026, establece condiciones diferenciadas para educación básica, media superior y superior.
En primaria y secundaria, los dispositivos móviles personales no podrán utilizarse durante la jornada escolar, incluidos los periodos de recreo, salvo las excepciones previstas en el propio acuerdo, como determinadas actividades pedagógicas o situaciones particulares justificadas. En educación media superior, cada plantel deberá establecer sus propias reglas mediante acuerdos con su comunidad educativa. Para las instituciones de educación superior, se promueve el uso responsable y seguro de la tecnología, respetando su autonomía.
Esta distinción busca reconocer que las necesidades y capacidades de los estudiantes cambian conforme avanzan en su formación. Mientras que en educación básica se pretende reducir las distracciones y recuperar espacios de convivencia presencial, en los niveles posteriores se plantea fortalecer la capacidad de analizar críticamente los contenidos digitales, los algoritmos y las herramientas de inteligencia artificial.
La educación digital como alternativa a la vigilancia
Delgado Carrillo sostuvo que la finalidad de la regulación es desarrollar conciencia sobre los efectos que puede ocasionar el uso excesivo de las pantallas. En ese sentido, consideró que la escuela debe asumir una función formativa que permita a los estudiantes comprender los beneficios y riesgos de la tecnología, en lugar de limitarse a imponer restricciones.
El planteamiento adquiere relevancia en un contexto en el que los dispositivos móviles forman parte de la vida cotidiana de niños y adolescentes. Su utilización puede facilitar el acceso a información y recursos educativos, pero también generar distracciones, reducir la interacción presencial y desplazar actividades fundamentales para el desarrollo, como la lectura, el juego y la actividad física.
Por ello, la regulación incorpora una dimensión pedagógica que exige la participación de los docentes. No se trata únicamente de establecer dónde se guardan los teléfonos, sino de promover conversaciones sobre el tiempo de exposición a las pantallas, la privacidad, el funcionamiento de las plataformas digitales y la influencia de los contenidos recomendados por algoritmos.
El secretario recordó que la implementación de la medida fue precedida por una consulta al magisterio y un proceso de diálogo con las autoridades educativas de las 32 entidades federativas. La propuesta recibió también observaciones de organismos e instituciones vinculados con la educación y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El desafío será construir acuerdos dentro de las escuelas
En educación media superior, Delgado destacó que las comunidades escolares deberán establecer acuerdos y reglas comunes para promover un uso responsable de los dispositivos, tomando en cuenta que sus estudiantes cuentan con mayor autonomía y pueden utilizar la tecnología con fines académicos.
En el caso de las universidades, señaló que es necesario fortalecer la comprensión de los procesos que ocurren detrás de las pantallas, particularmente el funcionamiento de los algoritmos y las implicaciones de la inteligencia artificial. La intención es que los jóvenes no sean únicamente consumidores de contenidos digitales, sino usuarios capaces de evaluar la información y tomar decisiones fundamentadas.
Para ilustrar la posibilidad de modificar hábitos arraigados, el secretario recordó la estrategia implementada para retirar la comida chatarra de las escuelas. Según señaló, aunque inicialmente hubo pronósticos de fracaso debido a la presencia histórica de esos productos en los planteles, la medida permitió transformar la oferta de alimentos y promover alternativas más saludables.
La comparación plantea una idea central de la política educativa: los hábitos pueden modificarse cuando existen reglas claras, participación de la comunidad y un trabajo formativo sostenido. No obstante, el éxito de la regulación de celulares dependerá de que las escuelas cuenten con criterios de aplicación, mecanismos de comunicación con las familias y alternativas para aprovechar los espacios escolares en actividades de aprendizaje y convivencia.
En última instancia, la regulación abre un debate que va más allá de permitir o prohibir los teléfonos móviles. El reto consiste en enseñar a las nuevas generaciones a relacionarse con la tecnología sin que esta desplace la atención, la convivencia y el desarrollo de habilidades esenciales. La educación digital, por tanto, deberá acompañar las restricciones para que estas no se conviertan únicamente en una disposición administrativa.
