Según la Real Academia de Lengua Española, el plagio se define como “copiar en lo substancial obras ajenas, dándolas como propias”. Es para el mundo académico el mayor error que vulnera la certidumbre y certeza en la producción de los productos como ensayos, proyectos o en el peor de los casos de tesis de titulación.
Aunque no es delito que merezca un tratamiento penal conforme al mundo jurídico; en el ámbito académico es una de las graves infracciones que se pueden cometer. Mucho más si se trata de un proyecto de investigación de tesis por medio de la cual se obtenga el título y la cédula profesional.
En los últimos días se ha vuelto el tema en tendencia de discusión ante la acusación de un supuesto plagio de la ministra Yasmín Esquivel, aspirante a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a decidir en los próximos días.
Sobre el caso ya se ha pronunciado en una primera instancia los asesores y maestros que estuvieron en el examen de grado de la ministra para afirmar la falta de veracidad de la acusación; sin embargo, el pasado viernes la UNAM confirmó en su cuenta Twitter oficial que se había encontrado un “alto nivel de coincidencias”, por lo cual se instruía a un proceso de investigación y posible sanción conforme a la normatividad universitaria.
En caso de comprobarse el plagio, la consecuencia directa sería la anulación del examen de grado por lo cual el título profesional tendría que ser retirado, así también y por consecuencia la cédula profesional.
La medida tendría muchas consecuencias que van más allá del deterioro de la imagen pública y profesional de Yasmín Esquivel, ya que como abogada que ha intervenido en diferentes procesos legales y como ministra en funciones del máximo tribunal de justicia carecerían de valor jurídico. Sin duda, aquellos cuyo interés jurídico resultaron afectados podrían solicitar la apertura de nuevos procesos para revisar sus casos.
Al considerarse la ministra en una propuesta que surge de la Cuarta Transformación y, aunque el presidente lo niega, una aspirante a la presidencia con el beneplácito de Palacio Nacional, una conducta de plagio la descalifica en los principios de “no mentir, no robar” que son pilares en quienes son parte del proceso transformador de México.
Independiente de la solución a este señalamiento que esperamos sea lo más pronto posible ante la inmediatez del proceso selectivo de la presidencia de la SCJN queda la pregunta ¿el por qué haber esperado hasta ese momento para dar a conocer una información tan sensible y significativa?
Hasta el momento no se conoce la postura del abogado Edgar Ulises Báez la supuesta víctima. Lo que sí se descubierto que este caso se vincula con una posible práctica deshonesta de la asesora de tesis, Martha Rodríguez Ortiz. La situación ha puesto al descubierto que tiene en su haber varios trabajos que ya son sospechosos de plagio como un “modos operanti” en su actividad académica. Así lo reseña el periódico El País:
En 1985, Carlos A. Loranca Olguin presenta su tesis “La estabilidad del empleo y la crisis económica” en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 118 páginas, Loranca define qué se considera por empresa, los tipos de trabajos y de empleados, su naturaleza jurídica, las medidas proteccionistas que puede tomar el Gobierno y concluye que en México no hay suficientes estudios sobre el tema. Un año más tarde, María Elena Galguera González presenta exactamente el mismo texto. Palabra por palabra, repite qué es una compañía, una crisis y llega, también, a las mismas conclusiones. Solo añade un apartado: seis páginas de agradecimientos. Además cambia el título a “La estabilidad laboral en tiempos de crisis”.
Nota completa: https://elpais.com/mexico/2022-12-25/el-modus-operandi-de-copia-de-tesis-de-la-profesora-que-asesoro-a-la-ministra-yasmin-esquivel.html
Hoy esa práctica de plagio evidenciada en esta situación debe ser investigada por la UNAM y deslindar responsabilidades, así como sancionar a los responsables e intervinientes. A pesar de las consecuencias directas que pueda ocasionar.
Al final esta es también una práctica corrupta que puede ser que no tenga una sanción penal, pero que sin duda hoy afecta la estabilidad de una las más importantes instituciones de justicia como lo es la Suprema Corte de Justicia.
AL CALCE: en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León el presidente destituyó a su secretario de educación pública Fausto Alzati al ser fuertemente criticado por haber firmado como “doctor” sin contar con el título que lo acreditaba. En ese momento, Alzati había concluido los estudios del posgrado pero aún no había cumplido con el trámite de titulación. Eso fue suficiente para la oposición para cuestionar al secretario de educación.
