No tardan los permisionarios del transporte público en la entidad en presionar aún más al gobierno de Rolando Zapata para lograr un aumento en las tarifas del transporte público. Los vienen haciendo desde que éste asumió el cargo de Gobernador Constitucional.
Y es que luego de que en el Gobierno del Distrito Federal el jefe de Gobierno Miguel Mancera las autorizó, será difícil que en Yucatán los dueños de los camiones se detengan, pues han refrendado su intención, con el argumento de que es imposible mantener las tarifas por los aumentos graduales en diesel y gasolinas.
Se abre pues – en estas vacaciones – una tregua previa a la guerra que enfrenta a la sociedad con los permisionarios. Y en medio, siempre queda el Gobierno. Supongo.
Lo curioso de todo esto es que el transporte público en Mérida es criticado severamente por el ciudadano, el usuario, pues en vez de mejorar, empeora.
En primer lugar los camiones no son todos de primera. No hay uniformidad entre ellos. Las empresas camioneras pintan sus unidades del color que les acomode, eso evidencia falta de unidad en la operatividad del servicio. Los camiones de la empresa Minis 2000 hay que decirlo son de primera, y su servicio es esmerado. Pero existen otras empresas que de plano no le invirtien a sus camiones y parece injusto que exijan un aumento en las tarifas.
Los camiones de las rutas que atienden Ciudad Caucel por ejemplo, son deprimentes. Se están destruyendo. Son verdaderas “carcachas”.
Se desea un transporte público a la altura de Ciudades como Aguascalientes, donde todos los camiones tienen uniformidad, están limpios, son de una sola pinta, pasan a tiempo, son puntuales, corteses, respetan la Ley de Transporte Público y siempre dan parada a niños, ancianos y estudiantes respetando todo el año las tarifas preferenciales.
Un grave problema que enfrenta la regulación del transporte público es que no respetan los acuerdos. Se acusa a los operadores de ser los causantes de los atropellos que los usuarios padecen: no les dan parada, se atrasan, no respetan a los estudiantes, a los ancianos los ignoran y a menudo se enfrentan con ellos.
Los mismos permisionarios deben tomar nota de las acciones de los operadores que les generan pérdidas. A pesar del cobro por sensor electrónico, los operadores ya encontraron la manera de bloquearlo. El método es simple, un cómplice se para frente al sensor mientras los usuarios suben y pagan, de esa forma, el operador no da boletos pues no se registran las entradas.
Por su parte, la autoridad competente aún permite diversas anomalías e irregularidades en la atención al usuario. La Dirección del trasnporte público no castiga a los camioneros por no cumplir con la ley. Volvemos al caso de los camiones que atienden la ruta Ciudad Caucel que son un peligro para los usuarios. Las condiciones en las que operan esos camiones son en verdad un peligro para todos. Además de que contaminan el ambiente.
No se sabe de multas a los operadores que violan los acuerdos para respetar las tarifas preferenciales. Y no todos los camiones son de años recientes.
Los usuarios en las redes sociales de plano se oponen a un alza a las tarifas al transporte público porque están convencidos de que no reciben el trato digno que se merecen.
Para mitigar sus gastos, los permisionarios retiran el número de unidades en circulación, lo que hace lento el transporte para los usuarios.
Es evidente que a ambos sectores – permisionarios y usuarios – les afecta el alza en los precios de las gasolinas, y es aquí donde el gobierno debe evaluar la situación.
El director de Transporte Público ha declarado a los medios que actualmente estn trabajando para “reordernar” las cosas, y es que si en Mérida está delicada la cosa, en todo el Estado está peor. Hay piratas por todos lados, y nadie respeta la Ley. Empezando por la regulación de los “inexistentes” moto taxis, que de manera estricta no están contemplados en la Ley, por tanto no existen.
Humberto Hevia recientemente aseguró que no habrá ni aumento de tarifas en el transporte público ni subsidio alguno. Los permisionarios se preguntan “¿y entonces?”.
La respuesta es evidente: no hay camiones suficientes cubriendo las rutas, y los que hay no cumplen con los requisitos. Y aunado a esto, los operadores hacen de las suyas.
Eso sí, los dueños de camiones han emprendido una campaña sutil para “posicionarse” ante la sociedad, no está mala la idea. Pero mientras no exista uniformidad, y respeto a la Ley Mérida, ni Yucatán entero tendrá un transporte de calidad.
