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Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas reconoce y garantiza el derecho de la propiedad: Irma Juan Carlos

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Expedir esta normatividad busca que se erradiquen los casos de apropiación cultural, señala

 

Palacio Legislativo, 30-04-2021 (Notilegis).- La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, Irma Juan Carlos (Morena), aseveró que la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, reconoce y garantiza el derecho de la propiedad de este sector, y busca que se erradiquen los casos de apropiación cultural.

Además, promueve el respeto y el desarrollo del patrimonio cultural, sostuvo, en tribuna, al fundamentar el dictamen que expide dicha ley.

Mencionó que son varias las empresas de carácter internacional que plagian diseños de comunidades indígenas. Sus “culturas, conocimientos, forma de vida, arte, cosmovisiones y otros aspectos de su identidad, son utilizados para el consumo capitalista, mientras que se les menosprecia”.

Además, con el objetivo de que puedan consumirse de forma masiva, estos productos son modificados de su significado original y son mostrados como una creación propia por parte del apropiador, “lo que elimina cualquier posibilidad de reconocimiento social o beneficio económico para la comunidad que la ha creado y protegido por muchos años”, apuntó.

Aseguró que se trata de una acción discriminatoria y racista “que invisibiliza la cultura e imposibilita el reconocimiento intelectual de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos”.

“Es urgente proteger sus haberes, usos y conocimientos ancestrales, de manera que se erradiquen los casos de apropiación cultural, puesto que actualmente las denuncias de propiedad intelectual no tienen más que un impacto anecdótico”, aseveró. 

Detalló que esta normatividad construye el Sistema Nacional de Salvaguardia de la Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y equiparables, como mecanismo de coordinación interinstitucional entre el Gobierno Federal, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México.

También se contará con un Registro Nacional, como instrumento de la política pública que identifica, cataloga, registra y documenta las manifestaciones de los pueblos y comunidades, abundó.

 

 

 

 

 

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